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El Acuerdo de Escazú es un tratado de Derecho Ambiental adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, después de casi 6 años de negociaciones. El documento es fundamental para Latinoamérica, porque se sustenta en el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, explicó el gerente de proyectos, de la ong Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) Abog. Federico Legal.
Añadió que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en la que los países de América Latina y el Caribe formularon la Declaración sobre la aplicación de dicho principio.
" El Acuerdo Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”, manifestó.
También explicó que en el documento se reconocen de manera expresa los derechos de la democracia ambiental: Acceso a la información ambiental; participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales; y establece una serie de estándares mínimos y obligaciones de los países como parte de garantía de estos derechos.
“Básicamente es un tratado que busca garantizar estos derechos a través de una serie de disposiciones, que en algunos casos ya están reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, tales como el principio del desarrollo sostenible”, expresó Legal. Siguió diciendo que dicho principio está incluso en la misma Constitucional Nacional, que establece que los recursos naturales no deben ser agotados para las generaciones futuras.
“Con la información pública ambiental lo que podemos lograr es tomar conocimiento, no solamente a nivel de datos científicos, de políticas públicas, sino también a nivel de cuestiones culturales y socioeconómicas y jurídicas, para que la sociedad y las personas puedan conocer los posibles impactos que recibirá a su ambiente y afecten sus derechos a la salud, la alimentación etc. y las personas puedan proponer medidas de mitigación”, explicó. Más adelante mencionó que el principio de desarrollo sostenible tiene impacto económico, porque con ellos se garantiza que no se podrá sobrexplotar los recursos naturales, para no agotarlos, para que sea sostenible en el tiempo.
Medidas tempranas
“El objetivo del documento es que se puedan tomar medidas tempranas de prevención, y que las autoridades puedan desarrollar sus políticas públicas en base a la preservación y conservación, y que la producción esté en armonía con el ambiente y el desarrollo económico y social.
Remarcó que con información ambiental las personas podrán tomar conocimiento para alertar a las autoridades, para que los recursos naturales no se sobreexploten.
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