Cargando...
“En primera instancia, debemos destacar que los países de la región carecen de una política de Estado enfocada a desarrollar la industria del entretenimiento. No se plantean objetivos claros, herramientas de gestión ni una mirada global de cómo se imagina o aspira a la industria a mediano y largo plazo”, señaló Gama, exfuncionario público del Uruguay, que actualmente se desempeña como consultor.
Mencionó que, en general, a la falta de regulación se suma que muchas disposiciones vigentes no están actualizadas y de ese modo no se reporta la eficacia a la que se aspira. “Las regulaciones parciales que se llevan adelante a medida que van apareciendo las distintas modalidades de juego no hacen otra cosa que corregir en forma transitoria algunas situaciones puntuales. Pero este camino se transita como algo pasajero y no enmarcado dentro de una estrategia general”, dijo.
Lea más: Diputados aprueban con modificación el proyecto de ley de tragamonedas
Agregó que muchas veces las decisiones tienen fines recaudatorios, y que cuando se actúa priorizando el ingreso fiscal resulta un accionar “corto aliento”. “Una cosa es aumentar la recaudación y otra apostar al crecimiento de la actividad en su conjunto. Miramos el árbol y no el bosque”, dijo.
Añadió que la forma más efectiva de regular es incluyendo los factores que integran la industria de juegos de azar, atendiendo la problemática y sin perder de vista las consecuencias de las medidas a implantar.
Referente a la situación del uso de tragamonedas en su país, respondió que se permite sólo en casinos, que si están en otros sitios, son de uso clandestino aunque aclaró que no es muy común. Afirmó que Paraguay es el único país de la región que “legaliza” el uso de tragamonedas en las calles, en despensas, bares y otros comercios de libre acceso de las personas, advirtió que en este panorama se dificulta el control de las personas que acceden a las máquinas y al flujo del dinero de apuestas y premios.
“Hay países que están teniendo dificultades e imparten disposiciones que lo único que logran es agravar más la situación. Una mala resolución puede significar el aumento del juego ilegal. Estoy convencido que peor que no regular es hacerlo, pero mal”, aseguró.
Lea más: Normas blandas fortalecen el "negocio" de ludopatía
Apuestas online
Gama dijo que el desafío común en la región por regular son las apuestas online y su juego ilegal, “avanza de forma permanente e implica mayores esfuerzos para acompañar ese proceso, adoptando lo normativo”. Señaló que el principal objetivo es adecuar la oferta a la demanda actual.
Opinó que el sector privado debe estar en sintonía con los reguladores, que cumplen un papel fundamental al discutir la actualización de lo regulatorio.
En cuanto al lavado de dinero, indicó que hay acuerdos internacionales que apuntan a prevenirlo. “El autorizar indiscriminadamente a particulares a explotar juegos de azar sin previo análisis de antecedentes es suspicaz. La transparencia es fundamental”, recalcó.
Tragamonedas, sigue el estudio
El proyecto de ley de tragamonedas fue tratado la semana pasada en la Cámara de Diputados, tras la aprobación del Senado, y aprobaron la iniciativa con modificaciones, por lo que lo devolvieron a la cámara alta.
Los legisladores cuestionaron que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Antonio Ortiz Báez, porque prioriza lo económico por sobre el interés superior del niño, al autorizar la “legalización” de las máquinas en sitios prohibidos por Ley N° 1016/97 y el Decreto N° 3083/15.
La comisión contrató de forma directa a la empresa iCrop SA, representado por Ariel Peña, hecho que fue calificado por el Senado como la creación de un esquema para obtención de recursos ilícitos y lavado de dinero.
Además, otras características del alerta de blanqueo de recursos son la falta de transparencia y de trazabilidad del flujo de dinero, puesto que se ocultan con alevosía a los responsables subcontratados por iCrop para realizar las gestiones en nombre del Estado, en todo el país. Resulta llamativo la inacción del presidente Mario Abdo Benítez ante esta serie de irregularidades vinculadas a la regulación de juegos de azar.
