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María Laura Cabrera es propietaria de una modesta carpintería dedicada mayoritariamente a la venta de muebles para eventos. Sin embargo, su nombre aparece como una proveedora de la empresa constructora propiedad de Patricia Cantero Benítez, esposa del diputado liberal llanista Sergio Rojas.
El lunes quedó sorprendida cuando funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) llegaron hasta su local para preguntarle por una serie de facturas. Días después, se terminaría enterando que los documentos en los que aparece su nombre formaban parte del escándalo de las facturas falsas presentadas por empresas proveedoras del Estado, además de 17 municipios y una gobernación.
Ni 10% de los papeles
Según el esquema presentado por la SET en la denuncia radicada ante la Fiscalía, el nombre de María Laura Cabrera aparece en un total de 32 facturas por más de G. 3.000 millones.
De acuerdo a la denuncia de Tributación, las facturas eran falsas o clonadas y fueron entregadas a empresas proveedoras del Estado.
“Nunca en mi vida vendí esa cantidad. Ustedes pueden ver mi local, mi casa. Mi mayor venta no alcanza ni el 10% de eso”, dijo Cabrera con la voz quebrada durante una visita de un equipo de ABC Color a su local ubicado en la ruta que une Luque con Areguá.
“Nunca trabajé con ningún político”, afirmó. Recordó que abrió el local en 2015, luego de volver de España, adonde tuvo que viajar en busca de mejores oportunidades.
“Si hubiera hecho una venta así, de memoria sabría el nombre y hasta la cara de la persona”, aseguró.
Recordó que una de las facturas adulteradas originalmente era de G. 260.000 por la venta de dos pizarrones, pero que luego apareció otra con el mismo número por G. 78 millones.
“Yo quería ser formal y me pasa esto. Estoy destrozada”, dijo entre lágrimas
Proveedora de proveedora
De acuerdo a la denuncia presentada por Tributación, Cabrera “emitió” 21 facturas por un total de G. 900 millones a la firma Construsur, propiedad de Gloria Patricia Cantero Benítez, esposa del diputado liberal llanista del departamento Central Sergio Rojas.
Además emitió otras 11 facturas a la firma ARFE SA por unos G. 2.100 millones.
Todas estas facturas fueron emitidas irregularmente pues o eran clonadas o falsificadas.
“No conozco a ninguna de esas empresas a las que se les mencionó. Nunca les vendí nada”, dijo en reiteradas oportunidades María Laura Cabrera.
La presentación de estas facturas falsas por parte de Construsur, la firma de la esposa del diputado Rojas, generó la apertura de un sumario sobre la misma, según reconoció la propietaria de la firma.
El jueves, la proveedora del estado tiró toda la responsabilidad a sus “proveedores” por las facturas falsificadas presentadas ante Tributación.
Cantero Benítez, que es hija de la intendenta de Itá, Gloria Benítez de Cantero (PLRA), expresó que cuando se percató de que había irregularidades en los comprobantes entregados, comenzó a buscar a sus proveedores para pedirles explicaciones, pero estos ya no se hicieron encontrar.
“Entonces ya sabíamos que algo estaba pasando, porque si estaban en regla, no tenían por qué esconderse”, dijo.
“Voy a ver si puedo presentar denuncia contra ellos, voy a preguntar ahora a mis asesores, yo me encargué de rectificar ya que no me estaban atendiendo”, llegó a afirmar la esposa del diputado liberal llanista.
Cantero insistió en que no encontró más a sus “proveedores” responsables de las facturas que le generaron los problemas. Sin embargo, un equipo de nuestro diario no tuvo mayores inconvenientes para llegar hasta el local de Cabrera.
Ahora, la supuesta “proveedora” de la contratista pública afirma no haberle vendido nunca nada.
Suman y siguen hechos llamativos
La aparición de María Laura Cabrera, supuesta “proveedora” de contratistas del Estado a la que en realidad le falsificaron sus facturas es apenas un ingrediente más de los hechos llamativos que enmarcan el escándalo de las facturas falsas destapado días atrás.
“Consultora San Miguel” es el nombre de fantasía de la unipersonal que aparece ligada a Cristino Jara López, un hombre de 80 años de Itá, salpicado por el escándalo de las facturas falsas presentadas como justificación de compras y obras realizadas por 17 municipalidades y una gobernación.
Según consta en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la firma fue adjudicada entre 2014 y 2021 con un total de 295 contratos con entidades públicas por más de G. 57.000 millones.
Lo llamativo del caso es que el titular de la firma es un modesto trabajador que, según informes a los que tuvo acceso nuestro diario, tenía como actividad comercial la explotación de una despensa en la ciudad de Itá.
La firma declara como sede una dirección ubicada a escasas dos cuadras de la casa del diputado Sergio Rojas.