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El pedido de excusación realizado por el abogado Marciano Daniel Lobo Corbeta fue solicitado a los ministros de la Corte Suprema Manuel de Jesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, miembros representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El pedido de no intervención en la acusación en el Jurado también se extiende a los demás miembros de la Corte.
La solicitud de apartamiento de la acusación que promovió el abogado Lobo Corbeta en el Jurado contra la jueza penal de garantías de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado Rosarito Montanía y contra el fiscal antidrogas Eduardo María Royg Acha, se fundamenta en un comunicado del 6 de octubre pasado que dio a conocer la Corte Suprema a la opinión pública en la que justifica plenamente y señala que no existe irregularidad en la actuación de la magistrada, así como en el pedido de interceptación de comunicación telefónica que solicitó el fiscal, en un caso de narcotráfico.
Si bien la Corte sostiene que no se puede solicitar judicialmente la interceptación de comunicación telefónica entre abogado y cliente, la máxima instancia judicial en su comunicado dice textualmente: “En el caso aludido por el Colegio de Abogados del Paraguay, ante un pedido de los investigadores de una autorización judicial para interceptar conversaciones telefónicas de un individuo identificado con un alias (que había sido captado y despertado sospechas, al tiempo de la interceptación judicial de comunicaciones debidamente autorizadas), se ha concedido dicha autorización, sin tener conocimiento de que exista una relación procesal entre ambos, porque de las conversaciones interceptadas no se constataba tal situación”.
Agrega: “Por lo que, al momento de disponerla, no se ha configurado irregularidad procesal alguna, atendiendo que las interceptaciones telefónicas de personas sospechosas dentro de la investigación pueden ser efectivamente autorizadas, pues el derecho a la intimidad no es absoluto y por ello nuestra legislación contempla algunas restricciones a ese derecho, las cuales son consideradas lícitas cuando son otorgadas bajo ciertas condiciones, entre ellas, la necesidad y la proporcionalidad en su injerencia”, dice parcialmente el comunicado de la Corte.
El caso
El pedido de interceptacion telefónica que realizó el fiscal Royg Acha, es en el marco de una investigación relacionada con el cargamento de 3.415 kilos de cocaína incautados en Fernando de la Mora por la Policía, en julio último, caso en el que se encuentran procesados José Dubini Franco (defendido de Lobo) y su hijo Juan José Dubini Verdún.
El caso de supuesto espionaje telefónico irregular, también fue denunciado ante el Ministerio Público, y además de la jueza y el fiscal mencionados, también se pide la investigación penal de Laura Vega de Oliver, jefa de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible de Antinarcóticos y Hechos Punibles y Conexos de la Policía Nacional.