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El viceministro de Tributación, Óscar Orué, confirmó ayer en la entrevista realizada por Tributación a los que emitieron las facturas utilizadas por las entidades públicas aparecen como contribuyentes que emitieron comprobantes por montos millonarios, algunos trabajadores informales, entre ellos un “limpiavidrios”. Según declaró Orué, estas personas identificadas negaron haberse inscripto en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y nada sabían de la emisión de facturas con contenido falso o clonadas. Uno de ellos, incluso, alegó que dio su cédula a otra persona para que le busque trabajo.
Por otra parte, Orué también mencionó que durante la investigación realizada dentro del denominado operativo “Facturación 2.0″ se encontró que un proveedor de los municipios intentó depositar en el Banco Nacional de Fomento (BNF) el cheque por G. 3.500 millones (US$ 510.000 al cambio vigente) emitido por una municipalidad, pero que la entidad no le permitió.
Orué estimó que el banco estatal le habría pedido los documentos respecto al origen de estos fondos y el proveedor no pudo justificar, por lo que finalmente no realizó el depósito en la banca estatal.
Retiraron dinero en dos días
Explicó, sin embargo, que posteriormente logró efectuar el depósito en un banco privado (que no mencionó el nombre) y luego en dos días fueron retirados los G. 3.500 millones.
El viceministro señaló que cuando le preguntaron a la persona que gestiona la empresa unipersonal dijo que fue para pagar a los proveedores, pero cuando se le solicitó la documentación no pudo justificar. Al respecto insistió en que en la documentación no consta que hayan comprado un solo ladrillo, ni insumo ni contratos de trabajadores para hacer la obra y, además, el nivel de vida de la persona no condice con lo que facturó.
La SET, según dijo Orué, también remitirá el informe a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en el marco de un convenio que tiene con la institución.
El periodo investigado abarca los años 2018, 2019 y 2020, pero la administración tributaria no descarta avanzar con la investigación hacía años anteriores.
Agentes de retención
El viceministro adelantó que tras el descubrimiento de la utilización de facturas de contenido falso o clonadas, se decidió que desde enero de 2022 todas las municipalidades y las gobernaciones pasarán a ser agentes de información, lo que implica que deberán informar a la SET todas las compras que realicen y esto permitirá un control más exhaustivo.
El operativo “Facturación 2.0″ permitió desbaratar una red de utilización de facturas de contenido falso y clonadas, por un monto de G. 170.000 millones (US$ 25 millones), que involucra a 17 municipios del interior del país, una gobernación y empresas privadas dedicadas, a construcción y prestación de servicios personales.
Con respecto a los municipios y a la gobernación, las facturas son por valor de G. 57.000 millones (US$ 8,2 millones), cuyo proveedor es una persona de 80 años que respaldó el 97% de sus compras con las facturas de contenido falso.
La SET ya denunció el caso ante el Ministerio Público y esta entidad conformará un equipo de trabajo para investigar la causa.