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Fuentes de la institución confirmaron que hace por lo menos quince días, Eva Giménez, que era directora general de Objeción de Conciencia, dependiente de la Defensoría del Pueblo, fue comisionada a la Contraloría General de la República. En principio, las fuentes indicaron que la directora de Operaciones, Graciela Aymar Vargas, había sido nombrada como interina. Sin embargo, esta mañana ella se comunicó con nuestro diario para aclarar que no es directora interina.
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“Solo manejo la parte operativa”, afirmó Vargas. “No tenemos en este momento directora general”, indicó igualmente la funcionaria. De este modo se confirma que aún el defensor del Pueblo, abogado Miguel Godoy, no nombró todavía a nadie como responsable de esta dependencia, que está descabezada.
Muchos fondos, pero sin oficina ni cabeza
Entre enero de 2020 y agosto de 2021, la dirección de Objeción de Conciencia recaudó unos G. 1.783 millones en concepto de “contribución” de objetores de conciencia que no quisieron realizar un servicio alternativo. Además, en 2019 la Defensoría del Pueblo recibió más de G. 1.200 millones de Fonacide para fortalecer esta política pública. Sin embargo, además de estar descabezada, la dependencia ayer quedó sin oficina.
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La Dirección General de Objeción de Conciencia compartía el edificio de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación; sobre Presidente Franco entre Nuestra Señora y Chile, pero atendiendo que venció el contrato de alquiler, ayer a los funcionarios de ambas dependencias se les ordenó prepararse para una mudanza a otro lugar, pero no les dijeron a dónde.
El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, quien ahora busca entrar a la terna para se reelecto en el cargo, no atendió nuestras llamadas para conocer qué estaba pasando. Tampoco lo hizo la administradora, Idalia Escurra. Les dejamos mensajes y estamos abiertos a escuchar su versión cuando lo consideren.