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El edil Robert Ayala (ANR) expresó que en la sesión ordinaria de ayer presentaron la nota en la cual solicitan la realización de la auditoría. El pedido se debe a las investigaciones realizadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), donde se dio a conocer que 17 municipalidades y una gobernación son salpicadas por supuestos hechos de clonación de facturas y entre los municipios figura el de Santa Rosa por supuesta compra de valores por G. 549.779.562.
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Sobre la solicitud de auditoría externa, Ayala agregó que el ente regulador para realizar es la Contraloría General de la República (CGR), pero también la Junta Municipal tiene atribuciones en base a la Ley Orgánica Municipal de contratar a una consultora privada o profesional calificado para realizar la auditoría interna.
“Lo que sucede a nivel nacional salpica enormemente al municipio de Santa Rosa, porque lastimosamente no se habla de sumas pequeñas; incluso, el señor intendente municipal publicó a la opinión pública en base a supuestas facturas clonadas o falsas utilizadas por una consultora que realizó un servicio en cuanto a construcciones de centros comunitarios en las compañías San Solano y San Francisco, expresándose sobre un monto de G. 180.000.000, pero el monto que envuelve a la empresa y puede salpicar a la administración municipal es de G. 549.779.562″, manifestó Ayala.
“Lo que deseamos es la realización de un estudio minucioso para ver si hay o no responsabilidad del ejecutivo municipal, incluso exigir una investigación penal para ver quiénes son los actores y cómplices y que el peso de la ley caiga sobre los culpables”, agregó.
“El que nada debe nada teme. Yo creo que el pedido de la bancada colorada tendría que tener aprobación unánime de todos los concejales. Si el intendente es inocente, vamos a tener la auditoría que demuestra su inocencia, y si es culpable eso también saltará en la auditoría”, agregó.
Por su parte, Arnaldo Valdez dijo que puede explicar que su administración actuó de buena fe. Cuando contrataron a la Consultora San Miguel, de Cristino Jara López, se cumplieron todos los trámites administrativos correspondientes, se hizo seguimiento de llamado ante la Unidad de Operaciones de Contrataciones Públicas paras las obras de San Francisco y San Solano, DNCP autorizó el proceso, la empresa nunca estuvo inhabilitada. En el momento de la firma del contrato y los pagos correspondientes siempre presentaron su cumplimiento tributario.
El timbrado y número de las facturas emitidas al municipio se pueden verificar que son válidos a través del sistema Marangatú de la SET. El problema está en la declaración final que realizó la empresa ante la SET con el objetivo de evadir el pago de impuestos.
