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El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Héctor Capurro (presidente), Cándida Fleitas y Juan Carlos Zárate Pastor juzgará desde hoy al diputado colorado por Paraguarí Tomás Fidelino Rivas, a quien el fiscal Luis Piñánez acusa de supuesta estafa por haber hecho figurar a sus tres caseros como funcionarios de la Cámara de Diputados para percibir salarios del Estado.
Según el Ministerio Público, el parlamentario cartista firmó las planillas de supuestas presencias de los funcionarios Reinaldo Chaparro, Lucio Romero Caballero y Nery Franco González, en la Cámara Baja, cuando los mismos se encontraban en la estancia del diputado, en el interior del país.
En principio Piñánez acusó a Tomás Rivas por estafa, en calidad de autor, y cobro indebido de honorarios en carácter de cómplice de sus tres “caseros de oro”, quienes a fines de agosto del año pasado fueron condenados a tres años y dos años y medio de cárcel, respectivamente, pero solo por el hecho punible de estafa.
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El fallo fue apelado por la defensa y un Tribunal de Apelaciones ordenó un nuevo juicio para dictar una nueva pena, con relación a los años de condena. En el segundo juicio oral, Chaparro, Romero y Franco fueron condenados solo a dos años de prisión, pero con suspensión de la ejecución de la pena; es decir, ninguno irá a prisión pese a ser declarados culpables solamente por el delito de estafa.
Atendiendo esta condena, el juez de garantías Raúl Florentín decidió elevar a juicio oral y público la causa de Rivas, pero solo por el delito de estafa, luego de las múltiples chicanas que plantearon sus abogados defensores para dilatar la causa.
Accionó ante la Corte Suprema
A fines de setiembre la Sala Constitucional del máximo tribunal de la República dio trámite a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el diputado colorado Tomás Rivas, bajo patrocinio del abogado Alfredo Enrique Kronawetter, en contra del Auto Interlocutorio N° 245 del 19 de julio pasado, dictado por el Tribunal de Apelación, 4ª Sala.
Mediante el A.I. atacado de inconstitucional por la defensa de Rivas, los camaristas Arnulfo Arias, Gustavo Santander y Óscar Rodríguez Kennedy declararon inadmisible la apelación general que planteó la defensa del parlamentario cartista en contra de la resolución del juez de Garantías Raúl Florentín, quien elevó a juicio oral y público la causa por supuesta estafa en el caso de los “caseros de oro”.
El tribunal de alzada arguyó que el Artículo 461 del Código Procesal Penal (CPP) establece taxativamente cuáles son las resoluciones contra las cuales procede la apelación y en su última parte prescribe: “No será recurrible el auto de apertura a juicio”.
A pesar de haber declarado inadmisible la apelación de la defensa -que con esta resolución queda ratificada la decisión del juez Florentín de que la causa solamente se elevó para Rivas por el delito de estafa- el Tribunal de Alzada dejó igualmente abierta la consideración de que las calificaciones tanto en la imputación como en la acusación son provisorias.
Es decir, únicamente en el juicio oral el Tribunal de Sentencia tiene la facultad de disponer cuál será el hecho punible que será determinada de forma definitiva para los procesados.
También la Cámara de Apelación sostuvo que el Artículo 400 del CPP le da la facultad al Tribunal de Sentencia de dar una calificación distinta a la acusación, que podrá ser impuesta sobre la misma plataforma fáctica.
Piden que juicio se transmita en vivo
La activista anticorrupción María Esther Roa solicitó a la Corte Suprema de Justicia que el canal televisivo del Poder Judicial transmita en vivo el juicio oral y público del diputado colorado Tomás Rivas, teniendo en cuenta que es considerado un caso emblemático.
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Sin embargo desde la Dirección de Comunicación de la Corte informaron ayer que será difícil atender la solicitud, debido a que actualmente TV Justicia transmite el juzgamiento de Ramón González Daher y su hijo, el juicio oral del exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas y el juicio oral del ex rector de la UNA Froilán Peralta; y no cuenta con los recursos tecnológicos para una tercera transmisión.
Atendiendo este impedimente, la activista anticorrupción insistió al presidente de la máxima instancia judicial Dr. César Diesel para que, por lo menos, el juicio oral del parlamentario cartista acusado por sus “caseros de oro” sea grabado y luego publicado en las plataformas digitales del Poder Judicial.