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Esta noche el Teatro Municipal Ignacio A. Pane y la Editorial Servilibro de la plaza Uruguaya se sumaron a la larga lista de puntos que fueron atacados por rateros que roban cables y caños de cobre de los acondicionadores de aire. La Comisaría Tercera cada día recibe al menos una a dos denuncias de hechos similares que son cometidos en viviendas, comercios, empresas y departamentos.
“Ahora muchas casas y negocios se están desalquilando y eso también aprovechan, creemos que es la ‘gente del bajo’”, indicó el comisario principal Carlos Pereira, haciendo referencia a los pobladores del barrio de la Chacarita, que constantemente son sindicados como los autores de varios delitos comunes en el microcentro capitalino.
Este no es un fenómeno nuevo. Desde hace muchas semanas, pobladores del centro denuncian el robo de los cables y caños por parte de rateros que buscan extraer el cobre para venderlo en las chatarrerías. Generalmente, dicha materia prima es vendida a precios que oscilan entre G. 30.000 y G. 40.000 el kilo.
El comisario Pereira señaló que los delincuentes juntan todos los cables y caños “que pueden” y “cualquier G. 5.000″ que ganan ya les hace felices, puesto que generalmente son drogadictos que buscan dinero para comprar más estupefacientes.
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Son liberados rápidamente
El jefe policial resaltó que apenas ayer detuvieron una vez más a un ladrón que estaba dentro de un local robando cables, pero al igual que a todos, fue liberado por Fiscalía en menos de 24 horas. “Salen y vuelven a cometer lo mismo, es un delito considerado como menor y tampoco los fiscales pueden hacer mucho”, lamentó.
Resaltó que asumió el cargo recientemente y aseguró que se encuentran buscando “estrategias” para combatir este tipo de robos. Por ejemplo, contó que conversan con muchos ciudadanos que brindan informaciones relevantes para llegar a los puntos de compra de los rateros. “Estamos en campaña para encontrar una solución”, prometió.
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Generalmente no hay causas penales
Según el fiscal Giovanni Grisetti la pena para este tipo de delitos es de entre cinco días de multa (el valor de cinco jornales mínimos) hasta cinco años de privación de libertad.
Sin embargo, el denunciante debe abrir una causa penal y hacerle seguimiento, cosa que muy pocas veces hacen los ciudadanos que son víctimas de robos menores.