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Orué en conferencia de prensa realizada esta mañana dio detalles acerca del operativo denominado “Facturación II” mediante el cual se desbarató un esquema de utilización de facturas presumiblemente de contenido falso y en algunos casos clonadas.
Estas facturas fueron utilizadas por 114 contribuyentes y la base imponible asciende a G. 150.000 millones (US$ 21,8 millones al cambio vigente), aunque no se descarta que la cifra aumente posteriormente, de hecho durante la presentación del informe se habló de G. 170.000 millones (US$ 24,7 millones) con la aplicación del IVA.
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El caso involucra a 17 municipios del interior y una gobernación departamental, además de numerosas empresas del sector privado dedicadas, entre otros actividades, a la construcción y prestaciones de servicios personales.
Con respecto a los municipios y a la gobernación las facturas son por valor de G. 57.000 millones (US$ 8,2 millones), lo que implica que la diferencia de G. 93.000 millones (US$ 13,5 millones) fueron utilizadas por empresas del sector privado.
Proveedor de facturas
Lo que llamó la atención en la investigación es que en el caso de las entidades públicas el segundo mayor contribuyente resulto ser un proveedor de 80 años, que respaldó el 97% de sus compras con las facturas de contenido falso.
El viceministro aclaró que por ahora se está denunciando la utilización de las facturas falsas, pero que una vez terminado el sumario administrativo que se realiza al proveedor se determinará la evasión impositiva de las empresas privadas, porque los municipios no pagan tributos.
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El hallazgo corresponde a los periodos 2018, 2019 y 2020 y saltó recién ahora porque, según Orué, los controles no son automáticos, sino que se debe investigar a través del sistema Big Data.
Explicó que ya tienen identificado a todos los involucrados y que el informe será entregado al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).