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Interpol Paraguay recibió esta mañana la información de que el exguerrillero fue enviado de vuelta a Bogotá, Colombia, porque el Instituto Nacional de Migraciones de México resolvió el rechazo de su ingreso. Granda volvió a su país en el vuelo AV187 de la aerolínea Avianca, de bandera colombiana.
Granda, excomandante de las FARC fue, según la Fiscalía paraguaya, quien asesoró al entonces Partido Patria Libre en el secuestro y homicidio de Cubas.
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El canciller Euclides Acevedo dijo hoy a ABC Cardinal que, ni bien se enteraron de la detención de Granda, nuestro país envió todos los documentos necesarios sobre el pedido de detención.
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Sin embargo, explicó que las leyes mexicanas exigen que sea emanada una orden judicial para que Interpol México pueda detener a una persona. Además, refirió que un senador del Partido Comunes, fundado por dirigentes de la FARC tras el proceso de paz que se llevó adelante con el expresidente Juan Manuel Santos, presionó para la liberación del ex líder guerrillero. “En México, un juez penal de garantía tenía que haber ordenado la captura de Granda. Él forma parte de un partido”, dijo el titular de Relaciones Exteriores.
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“Tenemos una orden de captura. El hecho de que él se acoja a un tratado de paz interno no le exime de procesos. Vamos a obtener informaciones de nuestra embajada en Bogotá, pero queremos agotar todo lo que tenemos de México”, añadió Acevedo.
¿Ayudado por López Obrador?
Consultado sobre si el izquierdista presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue quien ayudó a Granda, Acevedo respondió que no y dijo que “no es el presidente mexicano, sino Interpol México” el que debía obtener la orden judicial en cuestión. “En algún momento haremos el esfuerzo de que sea extraditado y juzgado como corresponde”, indicó el canciller.
Granda fue invitado por el Partido del Trabajo (PT) de México para el seminario internacional “Los partidos y una nueva sociedad” del 21 al 23 de octubre y al que iba como representante del Partido Comunes junto con Rodrigo Londoño, último comandante de las FARC.
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Fue la actual fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien impulsó el pedido de detención de Granda, y el también ex guerrillero Orlay Jurado Palomino en dos ocasiones: en 2006 y 2012.