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Con dictámenes de rechazo de las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales, que cuentan con numerosos legisladores y de diversos partidos, el panorama para hoy indicaba que el proyecto de ley que prohíbe el uso de tragamonedas en sitios no exclusivos de juegos de azar, tales como despensas, bares y bodegas, sería rechazado. No obstante, luego de debatir por una hora, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la propuesta y ésta vuelve al Senado.
El diputado Tadeo Rojas, vicepresidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, expuso que la iniciativa busca proteger a los menores de edad de la influencia de las máquinas de apuestas que se encuentran fuera de los casinos y otros comercios que son exclusivos de juegos de azar, y que las autoridades de aplicación son las municipalidades en coordinación con la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conazjar), presidida por José Antonio Ortiz Báez.
“Hemos estudiado y recomendamos el rechazo del proyecto de ley”, afirmó. Entre los argumentos, recordó que en el 2017 fue sancionada una propuesta similar, la Ley N° 5.824, y posteriormente fue objetada por el Poder Ejecutivo y se remitió al archivo. “Crea un conflicto de competencias entre el organismo técnico, entre la planificación y control de juegos de azar con las municipalidades, al atribuir un rol de los municipios que no les compete”, dijo en relación al proyecto actual.
Agregó que si bien el proyecto de ley inicial establece que lo recaudado en multas por la explotación clandestina de tragamonedas será destinado al tratamiento y asistencia a menores de edad que cayeron en el vicio de los juegos de azar, el texto no establece con claridad la forma de aplicación de lo recaudado. “Es ambigua la redacción. No especifica cómo se identifica a los menores que cayeron en el vicio de apuestas con tragamonedas y al tratarse de menores de edad, se debería recurrir a los padres y así, es una cuestión más delicada”, aseguró.
Recordó que la Cámara de Diputados aprobó la Declaración N° 706 con la cual se insta a la Conajzar a aplicar los mecanismos de protección en lo vinculado a tragamonedas.
El diputado Tito Ibarrola, de la Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico, relató por su parte los argumentos por los cuales se considera pertinente acompañar la propuesta aprobada en el Senado. Aunque propuso tres modificaciones de forma, dos en el acápite, que se reemplacen el artículo “el” por “la” cuado se establecen las medidas y el término “menores de edad”, por “niños, niñas y adolescentes” en concordancia con la doctrina de protección integral; y en el artículo 7°, de las sanciones, que se refiere a la Ley N° 4.746/12 que modifica la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar, el número debe ser Ley N° 4.716/12.
“Es importante destacar la necesidad de proteger al sector ante la masiva proliferación de tragamonedas en el país, más aún considerando la ubicación de las mismas, ya que es de libre acceso”, expresó. Destacó que la Conajzar “ha cometido un error de gran magnitud” al aprobar la Resolución N° 34/2020 con la cual autoriza la “nueva modalidad” de explotación de tragamonedas y sienta la base del contrato con la empresa iCrop SA, representada por Ariel Peña Flores. Cuestionó que con ese documento interno se ha “blanqueado una cuestión ilegal”.
Recalcó que las máquinas tragamonedas son parte de la oferta de entretenimiento del país y que su uso está regulado para proteger a la gente vulnerable de caer en la adicción a las apuestas (ludopatía). Destacó que la salud mental y física debe predominar por sobre los intereses económicos de recaudación.
La postura en contra del proyecto de ley en cuestión, planteada por la comisión de Asuntos Económicos y Financieros, fue relatada por el diputado Justo Zacarías Irún. Indicó que se rechaza porque varios de los artículos ya están estipulados en la Ley N° 1.016/97 de Juegos de Azar y también porque, según él, colisionan con aspectos contemplados en el proyecto de ley que hoy también se encuentra en estudio para la modificación y actualización de la regulación de juegos de azar. Anunció que se convocó para una reunión de trabajo para el martes próximo, a las 11:00.
El diputado fue integrante de Conajzar durante el gobierno del presidente de Horacio Cartes y en ese entonces, había acompañado todo lo relacionado a las normativas que hoy son pisoteadas por el mismo organismo mediante su contrato con iCrop. El Congreso tiene la oportunidad de anularlo con este proyecto de ley que no acompaña.
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La diputada Rocío Abed, de la comisión de Equidad Social y Género, señaló que es loable la iniciativa para proteger el bienestar del niño pero hay cuestiones “incongruentes” porque la propuesta ya está vigente.
Seguidamente, la diputada Kattya González, criticó a sus colegas y denunció que el verdadero trasfondo del rechazo a la iniciativa es interés económico. “No somos capaces de defender a los niños y adolescentes de la ludopatia, es el motivo que tenemos que tener en cuenta”, aseguró. Añadió que los juegos de azar, y en particular, las tragamonedas son un campo ideal para la corrupción.
En esa misma línea, la diputada Celeste Amarilla reconoció que existe una sobrecarga de leyes pero que en lo relativo a la niñez y violencia, no debe importar. “Las tragamonedas son un flagelo para niños y adultos porque es un engaño a la gente que no tiene nada para su día siguiente”, dijo en alusión a que al apostar, el usuario de la máquina cree que aumentará el dinero que dispone y así, fácilmente cae en el vicio. Al respecto, el diputado Edgar Acosta puntualizó que no está demás señalar la regulación en este aspecto para colaborar con la labor de los concejales del país. “No puede ser que la cuestión económica esté por encima del interés superior del niño. Este tema de tragamonedas debe ser causa nacional”, destacó.
El diputado Jorge Britez, de Alto Paraná, señaló que en esa zona del país se convirtió en “Las Vegas del Paraguay” y apoyó la esencia de la iniciativa ante la nula acción de Conajzar. Sin embargo, al parecer olvidó u omitió que la Municipalidad del Este “legalizó” el uso de tragamonedas en cualquier comercio con una ordenanza que establece lo mismo que la medida de Conajzar.
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El diputado José Rodríguez Fernández señaló que no se puede negar que los comerciantes están pagando a los municipios para explotar las tragamonedas, de forma ilegal o no, pero que esta situación se debe tratar, en alusión a que la normativa actual y vigente no es suficiente para controlar la explotación de las máquinas.
De esta manera, la mayoría aprobó el proyecto con las modificaciones propuestas por la comisión de Narcotráfico y el texto entonces vuelve al Senado. Ahora tiene el plazo de tres meses para su tratamiento, y de no hacerlo en la brevedad, el punto podría quedar para analizarlo el año que viene, según se explicó.
