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La diputada Pilar Medina explicó que el programa del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis), Ley N° 3637, tiene por objetivo brindar solución de vivienda digna a la gente, sobre todo a la de escasos recursos, por lo que desde la comisión asesora de Desarrollo Social, Población y Vivienda se recomendó aceptar la objeción parcial del Ejecutivo y sancionar la parte no objetada.
La objeción del Ejecutivo fue que las constructoras sean micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que según un dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) podría lesionar la libre competencia.
Además, el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Carlos Alberto Pereira, explicó que esto podría ser un inconveniente para que las obras obtengan las pólizas de seguro de la categoría que se requiere en la institución, que es AAA.
Otro cuestionamiento de la Presidencia de la República es lo relacionado al párrafo donde se señala que “no se puede comprometer pago alguno, que no se encuentre expresamente previsto en el Presupuesto General de la Nación (PGN)”.
Al respecto, el ministro Pereira explicó que este aspecto se contempla en la plurianulidad. “Todas los compromisos son aprobados por Hacienda y ya se tiene en cuenta la calidad del mismo, ya está contemplado en la ley”, mencionó.
Dicho párrafo tiene por esencia que cada subsidio para la construcción de viviendas concedido tenga la fuente de financiamiento para la conclusión de las mismas. El fin era evitar que se inicien obras y que para concluirlas se deba “bicicletear”, ya que el caso reciente de promesas se registró cuando el exministro del MUVH Dany Durand prometía 7.300 viviendas con los US$ 47 millones del plan de reactivación económica, fondo que le permitía construir sólo 4.000 casas, conforme a su estructura de costos.
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La propuesta de Medina fueron apoyadas por los diputados Tadeo Rojas y Ángel Paniagua, presidentes de las comisiones de Presupuesto, y de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, respectivamente.
En cuanto a lo no objetado por el Ejecutivo está que se incluyen los principios de transparencia y trazabilidad de los procesos de adjudicación de las obras, similar a la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas. Además, se otorga la facultad al MUVH y la capacidad de un mayor control de las obras y aplicación de sanciones.
Cabe recordar que el Fonavis permite transferencias directas, vía rubro 800, a “Servicios de Asistencia Técnica (SAT)”, los cuales proponen los beneficios, se encargan de las gestiones de las obras y contratan a las constructoras que se encargaran de edificar las viviendas.
De esta manera, la ciudadanía podrá contar con la herramienta legal que le permita controlar las obras, además de la institución y las partes involucradas. Uno de los casos que mayor polémica causó fue el de la constructora que fue estafada por un SAT, denuncia que tuvo eco en la Cámara Baja.
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