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Óscar “Nenecho” Rodríguez, César Ojeda, Miguel Prieto y los 155 intendentes que no presentaron declaración jurada de bienes y renta al salir o entrar al cargo pueden sufrir sanciones elevadas.
La presentación de las manifestaciones de bienes es una obligación establecida en el artículo 104 de la Constitución Nacional y reglamentada por la Ley 5033. Precisamente, el artículo 16 de la señala legislación establece las sanciones.
En concreto, expresa lo siguiente: “El contralor general de la República, por resolución fundada, sancionará a los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos que: 1) No presentaren su declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos dentro del término legal”.
“En el caso previsto en el numeral 1), se aplicará una multa de 300 (trescientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas, cesantía, según el caso, e inhabilitación para ocupar cargos públicos sean como nombrados o contratados y de ser electos en elección popular por el término de 10 (diez) años”, agrega la ley.
Acostumbrados a no informar
Un total de 75 intendentes salientes y 83 entrantes incumplieron con la obligación constitucional de presentar declaración jurada de bienes y renta en los 15 días posteriores a su salida al cargo o entrada al cargo.
La lista estaba encabezada por Nenecho Rodríguez, quien renunció para candidatarse a la reelección y por su sucesor, César Ojeda.
Rodríguez es centro de críticas por los compras supuestamente sobrefacturadas con fondos de emergencia durante el año pasado, motivo que empujó a referentes de la oposición a presentar denuncia penal en su contra.
Por su parte, el sucesor de Nenecho en el cargo, César Ojeda, se negó a informar a la ciudadanía hasta que una decisión judicial ordenó entregar el detalle del gasto.
Millonario crecimiento
La pareja conformada por Óscar Andrés Rodríguez Quiñónez y Regina Lizarella Valiente es una de las tantas que dejaron de lado el modesto pasar desde que llegaron a la función pública.
El intendente de Asunción y la funcionaria de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) empezaron con un modesto nivel de vida, de acuerdo a lo que ambos incluyeron en las Declaraciones Juradas de Bienes y Renta presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR).
El cartista ingresó en la función pública ya a principios de 2000. En 2004 presentó una manifestación de bienes en la que declaró poseer básicamente nada.
De puño y letra, Rodríguez declaró tener “apenas” G. 5.000.000 en efectivo. No había inmuebles, vehículos ni siquiera una cuenta bancaria. Así consta en los documentos publicados por la CGR.
En 2015, Rodríguez Quiñónez declaró no poseer inmueble, vehículo ni cuenta bancaria alguna. En concreto, no declaró ni la cuenta en la que le depositaban su sueldo de concejal municipal.
Su único activo era una cuenta a cobrar a un hombre identificado como Julio Godoy por valor de G. 50 millones.
El actual intendente volvió a presentar una manifestación de bienes en 2020. Para ese entonces la cosa había cambiado.
De no poseer ni un solo vehículo, el cartista Rodríguez declaró ser propietario de dos automóviles y una camioneta. Además, declaró ser propietario de un inmueble en la ciudad de Capiatá. Curiosamente cinco años después seguía sin cobrar los G. 50 millones que tenía pendientes desde 2015.
Rodríguez y Valiente vivían hasta hace poco más de un año en un departamento alquilado y ubicado sobre la avenida Primer Presidente.
Se mudaron luego a una coqueta residencia en Lambaré. La casa está ubicada en el número 368 de la calle Itaipú casi Felicidad, del municipio lambareño.
Su situación patrimonial al dejar el cargo de jefe comunal se desconoce, pues el documento que falta.