Faustino Ramón Aguayo Cabañas, de 44 años, se encontraba prófugo hasta mayo pasado, cuando se presentó ante la justicia. Hasta entonces era el narcotraficante más buscado de la República y sindicado como dueño de tres toneladas de cocaína incautadas en operaciones sucesivas realizadas en 2019 por la Senad, además de ser cabeza de una organización que a su vez derivó en el desmantelamiento de una supuesta rosca policial corrupta, según los antecedentes.

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La orden de prisión preventiva en la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero (PJC) fue dispuesta el pasado 27 de mayo por el juez Mirko Valinotti, quien hoy, en una entrevista para ABC Color, afirmó que dispuso el traslado de Aguayo a dicha prisión teniendo en cuenta el supuesto complicado estado de salud del presunto narco. Sin embargo, el juzgado no procedió a estudios que puedan confirmar la enfermedad de Aguayo y solo se basó en los certificados de salud presentados por la defensa, informó el periodista Carlos Ortega.

Valinotti se detuvo a aclarar que la causa específicamente corresponde al Juzgado Penal de Garantías N° 5 y que él es titular del Juzgado Penal N° 10, pero en ese entonces se encontraba interinando en el N° 5.

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“Esta persona (Aguayo) se pone a disposición el 27 de mayo. Se encontraba prófugo, en rebeldía, y en la audiencia el abogado solicita, adjuntando certificados médicos, la remisión del mismo a la penitenciaría de PJC, de donde es oriundo”, señaló Valinotti.

“Se presentaron constancias médicas de cardiopatía, de enfermedades coronarias graves, de intervenciones quirúrgicas que tuvo el señor, solicitando la remisión del mismo por tener un médico tratante en la ciudad de Pedro Juan Caballero, por esto se procedió de esta manera”, alegó.

Ante la consulta de si el juzgado ordenó alguna constitución o inspección médica para comprobar el estado de salud del detenido, Valinotti dijo que no. “No se ordenó ninguna constitución del juzgado con relación a algún informe forense. Sí se tuvo en cuenta la presentación de los certificados médicos y cuando se decreta la prisión del mismo se ordena que el traslado sea bajo segura custodia y con el personal suficiente, atendiendo a la gravedad de la situación”, sostuvo.

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Consultado acerca de si Aguayo podría ser tratado igualmente en otra ciudad, Valinotti reconoció que sí, pero que de igual manera se dispuso que sea en PJC. “Podría recibir atención médica en el centro penitenciario que esté, pero todos sabemos también de las carencias en salud de los diferentes establecimientos penitenciarios y, teniendo en cuenta la gravedad de las constancias médicas, se dispuso el traslado”, se excusó.

Valinotti afirmó que tras esa decisión no recibió ninguna postura de la Fiscalía sobre el hecho. “No hubo ningún informe de la Fiscalía, la Senad o el Ministerio de Justicia, que están facultados para realizar acciones ante situaciones que puedan comprometer a establecimientos penitenciarios”, dijo.

Teniendo en cuenta los antecedentes, Aguayo prácticamente “eligió” la cárcel de PJC, de donde es oriundo, alegando problemas de salud. Hoy se sabe que el mismo gozaba de varios beneficios en la celda “VIP” que ocupaba y donde incluso fue encontrada una mujer relacionada a otro narco y viuda de un exagente de la Senad asesinado en diciembre pasado en esa ciudad.

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