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Tras permanecer privada de su libertad durante 8 años y 3 meses privada de su libertad, Lidia Clara Schramm Casuriaga abandonó el correccional de mujeres Casa del Buen Pastor por la puerta grande. Esta siesta fue absuelta en un juicio oral y público por tenencia, tráfico de drogas peligrosas y asociación criminal en el cual la Fiscalía requirió para la misma una condena de 27 años de cárcel.
El Tribunal de Sentencia a cargo de este juicio -el segundo de Schramm- estuvo integrado por Jesús Riera Manzoni (presidente), Juan Pablo Mendoza y Fabián Weisensee. Para los dos primeros, las pruebas presentadas por el Ministerio Público no fueron suficientes para demostrar la responsabilidad de la acusada en los hechos punibles acusados.
Para el tercer magistrado, la causa está prescrita, por lo que no correspondía ni siquiera llevar adelante el juzgamiento.
Pedido de cárcel y comiso
Este juicio se inició el 21 de setiembre pasado y la jornada de hoy arrancó a primera hora de la mañana, con la presentación de los alegados finales por parte del fiscal antidrogas Ysaac Ferreira. El representante del Ministerio Público solicitó además de una condena de 27 años de pena privativa de libertad para la acusada, el comiso de su estancia Florida, ubicada en Presidente Hayes, con una extensión de 1.400 hectáreas, valuada en unos 3 millones de dólares (según la defensa).
“Se probó la existencia de los hechos acusados por el Ministerio Público, pero tenemos duda de la participación de Lidia Clara Schramm en los mismos. Generó mucha duda la presencia física de la acusada en la estancia donde se encontró la droga incautada. No podemos asegurar que la misma estaba al tanto de las actividades que se realizaban en la estancia”, explicó el presidente Riera, a cuyo voto se adhirió Mendoza.
Defensa culpó al capataz
La defensa de la acusada estuvo a cargo de los abogados Pedro Wilson Marinoni y Cristian Ayala, quienes solicitaron la absolución de su representada, petición acogida favorablemente por el colegiado.
“Los elementos que utilizaron (para la acusación) es el simple hecho de que la droga se incautó en su establecimiento, pero se demostró que el responsable de todo esto era el capataz, él tenía todo guardado y eso se acreditó aquí. Ellos mencionaron que ella supuestamente era la cabeza de una organización criminal, que tenía un teléfono satelital, que la droga estaba muy cerca de su dormitorio, que la pista estaba muy cerca de su pieza y ella debía de saber. Sin embargo, acá vino a declarar un perito informático que hizo un estudio del teléfono satelital y la última llamada que se registró en ese teléfono era de febrero y el hecho ocurrió en agosto. Es decir, si ella era la cabeza de una organización criminal y estaba utilizando el teléfono, lo mínimo que tenía que hacer era usar el teléfono ese día o los días anteriores”, explicó Marinoni.
Sala penal anuló condena anterior
El profesional relató que en un juicio anterior, la acusada fue condenada a 27 años de cárcel, junto a otras personas, sentencia anulada con relación a su defendida por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que hizo lugar a un recurso de casación.
“La misma había sido condenada en un juicio anterior a 27 años. Nosotros recurrimos y en casación eso se anuló. Nosotros siempre sostuvimos que ella no era responsable de los hechos punibles y durante todo el proceso, planteamos los elementos que supuestamente tenía en su contra no podían servir de elemento probatorio para una condena, y mucho más con lo que dijo la Corte, que no se puede invertir la carga de la prueba. La presunción de inocencia es una garantía constitucional, ahora quedó demostrado y después de ocho años, ella sale en libertad”, resaltó el defensor.
“La Corte dijo lo que nosotros siempre sostuvimos, que aquí no hay elementos contundentes para probar la existencia. El hecho en sí aconteció, pero el nexo causal entre el hecho y la participación de la misma nunca se probó.Se demostró que la señora tenía actividades agropecuarias y ganadera; no se demostró que tenga ningún nexo con el crimen organizado. Sin embargo ellos por versiones le condenaron anteriormente, y hoy la Fiscalía se ratificó en eso, intentó nuevamente condenarla a 27 años”, agregó Marinoni.
Al término del juicio, la ganadera estalló en llanto, abrazada a sus tres hijos, que ingresaron al sector donde la acusada asistió a la audiencia con sus abogados para abrazar a su madre.
“Esta decisión nos reconforta y nos llena de felicidad. Realmente jugaron mucho con nosotros, con la inocencia de mi madre y ahora es una gran satisfacción para nosotros volver a tener a nuestra madre en casa. Fue un trastorno psicológico, nos trajo muchas pérdidas económicas, ustedes no saben lo que implica esto, el perjuicio moral, económico y psicológico es impresionante. pero se hijo justicia y al fin está de vuelta con nosotros”, expresó uno de los hijos que no quiso identificarse, tras revelar que incluso llegaron a pensar en recurrir a instancias internacionales para revertir el fallo de primera instancia.
Operativo “Águila Negra II”
Lidia Clara Schramm Casuariaga fue detenida junto a otras personas el 22 de agosto del 2013 en el marco del Operativo “Águila Negra II”, durante el cual agentes antidrogas requisaron los agentes decomisaron cerca de 1.000 kilos de cocaína de su hacienda.
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En un juicio oral que concluyó el 4 de abril del 2018, Schramm fue condenada a 27 años, Jorge Asunción Cabrera Marín (capataz) a 24 años, Mario Jorge Riveros Sánchez a 22 años y Santiago Aguayo Cabañas también a 22 años. La condena de la ganadera fue anulada, no así las demás, que están firmes a la fecha.
El Tribunal de Sentencia que dictó la pena estuvo integrado por la jueza Olga Ruiz, como presidenta, y como miembros titulares Digno Fleitas y Víctor Medina. Igualmente, sentenció el comiso de la estancia Florida, ubicada en Pozo Colorado,Presidente Hayes y la destrucción de la pista de aterrizaje del establecimiento.