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Se trata de Rafael Luis Aguayo y Antonio Gayoso, integrantes de la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC), Irma Piñanez y Eulalia Cardozo, dirigentes de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri), así como Luis Gilberto Ruiz y Esther Leiva, cabezas de la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios (Anapa), además de Ronald Hernán Guerrero Ovelar y Armando Ignacio Báez Ferreira, de la Fundación Nación Guaraní.
También el exfuncionario del INDERT, César Agustín González Parini y Sergio Sebastián Ortega.
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El juez Rubén Riquelme había resuelto la elevación a juicio del caso y luego de varios años de retraso a consecuencia de incidentes planteados por los encausados, desde el hoy, lunes 11 de octubre a las 10:00, todos los citados estarán sentados en el banquillo de los acusados ante un Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Lourdes Peña e integrado por los jueces Manuel Aguirre Rodas y Blanca Gorostiaga. El fiscal Leonardi Guerrero estará representando al Ministerio Público.
Los citados fueron acusados por el Ministerio Público por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza, por el perjuicio patrimonial causado al Indert, consistente en la suma de G. 4.077.790.616, durante el 2011, periodo en el que Marciano Barreto, ya fallecido, estuvo administrando la institución.
La conducta de los acusados
Según el Ministerio Público, el Indert con base en el Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (FIDES), celebró numerosos convenios con organizaciones campesinas, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones no gubernamentales, en el marco del proyecto “Apoyo a la Agricultura Familiar en Materia de Seguridad alimentaria”.
En ese marco el 6 de octubre de 2011, Barreto en uso de sus atribuciones al frente del Indert, celebró un convenio con la “Fundación Nación Guaraní” representada por Armando Ignacio Báez Ferreira y Ronald Hernán Guerrero Ovelar. A la misma no se le entregaron bienes, sin embargo se emitieron facturas a nombre de la misma por G. 1.225.000.000.
En cuanto a la Conamuri, también se firmaron convenios para la entrega de bienes para el apoyo de la producción familiar de un total de 15 asentamientos de distintas comunidades. Sin embargo, la entidad manifestó haber adquirido los elementos, pero estos no fueron entregados a los beneficiarios. Igualmente se emitieron facturas por G. 180.251.000.
El Indert y la MCNOC celebraron convenio el 29 de agosto de 2011, para la ejecución de dos proyectos: “Proyecto Mini-Industrias” y “Proyecto Productivo”, en un lapso de tres meses. La misma situación se presentó con esta organización, causando un perjuicio total de G. 703.760.000.
Sobre la otra organización campesina, Anapa, también se celebró un convenio con el Indert para la ejecución de proyectos en un lapso de tres meses. De acuerdo con los comprobantes de pago remitidos en las rendiciones de cuenta y las copias de cheques endosados por parte del Banco Nacional de Fomento, el Ministerio Público constató que la organización recibió G. 1.009.451.891, de los cuales el ente rural desembolsó G. 476.500.000, pero los proyectos no fueron ejecutados.
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Estos hechos fueron denunciados en el 2014 por el extitular del Indert, Justo Cárdenas, quien posteriormente fue procesado, enjuiciado y condenado a 4 años de pena privativa de libertad por los hechos de de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La fiscalía apeló dicha decisión y la Cámara de Apelaciones resolvió la realización de un nuevo juicio a modo de que se eleve la pena.