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Para ello, la institución primero debe hacer el cierre del contrato y verificar si corresponde hacer este reclamo, atendiendo a que la Contraloría General de la República (CGR) detectó sobrefacturaciones en esta obra, indicó Seitz.
“Lo pagado a la empresa es recuperable, que depende del cierre contractual que debe realizar el MOPC. Si el arqueo no coincide entre lo construido y el costo real que se tiene que pagar o lo pagado, lo debido es que la empresa tiene que devolver y exigir eso ya a nivel judicial”, expresó el funcionario y señaló que la Procuraduría debe representar al Estado en este reclamo a nivel judicial.
Vale señalar que la pasarela se adjudicó por G. 12.437 millones a Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, pero su precio se incrementó a G. 14.121 millones (más de US$ 2 millones) luego de los convenios modificatorios 1 y 2, los cuáles se firmaron para beneficiar a la contratista, porque ni siquiera cuentan con especificaciones técnicas, según Contraloría.
Del monto total ya se pagaron G. 10.278 millones (casi 73%) a la “superproveedora” y el MOPC sigue sin definir el cierre del contrato. ¿Cuánto debe devolver Engineering de este monto? ¿Está vigente la póliza de fiel cumplimiento del contrato? ¿Por qué dejaron vencer la garantía del anticipo?, son las consultas que en el MOPC se niegan a responder.
El titular de Obras Públicas evita explicar sobre lo que pasará con este contrato de la pasarela y si aplicarán penalidades a la “superproveedora” por dejar vencer la póliza del anticipo, y las garantías contra todo riesgo y contra accidentes.
Tampoco se sabe si reclamarán alguna devolución de lo pagado y si la garantía de fiel cumplimiento del contrato está vigente, para exigir la caución.
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Los costos irregulares de la obra, según Contraloría
Según la contraloría, la pasarela tuvo un incremento indebido de G. 3.142 millones, de los cuáles G. 1.253 millones corresponden a “costos indirectos” que se agregaron en beneficio de la contratista, que consiste en el aumento de su ganancia y otros “gastos generales”, según el documento.
Por otro lado, agrega que los ítems donde más se evidenció una sobrefacturación fue en la cotización de transporte (fletes) que no está acorde a los precios de mercado. En este caso, hicieron figurar el precio de transporte de G. 1.485.700.934, cuando en el mercado la cotización por la cantidad de materiales trasladados cuesta solo G. 486.524.060, según verificaron los auditores, lo que significa que triplicaron el precio.
Además, según el ente contralor, se cambiaron sin justificación técnica los precios de varios ítems respecto al contrato original, generando una diferencia de G. 430.356.675 y, además, computaron obras que no coinciden con las verificadas por el equipo auditor, que arrojaron diferencias por G. 505.113.495 (no coinciden las dimensiones que figuran en los planos).
En este sentido, Seitz señaló: “En la cuestión financiera que es la más importante, hay una cuestión donde la Contraloría identificó un sobrecosto, entonces el MOPC, ya con asistencia de la Procuraduría en este caso tiene que hacer el cierre financiero del contrato. Definir los pagos a Engineering, ver si la empresa devuelve algo”.
También dejó en claro que el MOPC no puede pagar nada más por la pasarela, pues “tiene todos los códigos de contratación bloqueados” y que “por vía administrativa no puede pagar”. agregó que el sobrecosto de la obra “es daño patrimonial en potencia”.
La DNCP culminó esta semana el sumario que realizó a la “superproveedora” Engineering, con el cual suspendió a la citada firma para contratar con el Estado, por 12 meses. Pero la firma puede apelar esta decisión y además, ya tiene otra empresa a su disposición aparentemente para seguir facturando con las obras del Estado. Se trata de la empresa Barrail Hermanos SA, donde los cercanos a Campos Cervera ya asumieron la posta.
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Fiscalía sigue investigando
El fiscal Luis Piñanez informó esta semana a este diario que citará a los auditores de la Contraloría en el marco de las investigaciones de la pasarela “ñandutí”, debido a que el ente contralor reveló sobrefacturación y direccionamiento en dos auditorías.
El funcionario del Ministerio Público también señaló que pedirá a la DNCP los resultados del sumario que realizó a la “superproveedora” Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, lo que derivó en la suspensión a la citada firma para contratar con el Estado, por 12 meses.
“Estamos aún en etapa investigativa, la última actuación recibimos de la Contraloría, que es su segundo informe especial. Estamos analizando el contenido, en los próximos días citaré a algunos auditores”, expresó Piñanez.
Al mismo tiempo, Piñanez aseveró que ya pidieron varios informes del caso al MOPC, pero dijo que todavía no se puede saber cuándo se tendría alguna imputación. “Es difícil saber, la realización de pruebas son las que determinan la existencia de indicios suficientes para una imputación”, puntualizó.