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Los procesados por los hechos de febrero son Armando Javier Rotela Ayala, Alan Ricardo Caballero, Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz Sosa, Arsenio Erico Alvarenga Sosa, Egon Ramón Vargas, Héctor Santiago Caballero Álvarez, Jorge Almanza Guzmán, Aníbal Ortellado Rojas, Alberto Daniel Villalba Saucedo y Leonardo Ariel Oviedo Bareiro.
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A los mismos se les atribuye la comisión de los hechos punibles de homicidio doloso, toma de rehenes, motín de internos y asociación criminal, en calidad de autores, según la imputación presentada por los fiscales Lorenzo Lezcano, María Irene Álvarez, Federico Delfino, Alicia Sapriza, Marcelo Pecci y Giovanni Grisetti, de la Unidad de Crimen Organizado.
Amotinamiento fatal
El pasado 16 de febrero de este año, en horas de la madrugada, se procedió al traslado del interno Orlado Efrén Benítez Portillo, de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú a la Agrupación Especializada de la Policía, ante las informaciones recibidas relacionadas a un túnel dentro del recinto y que sería utilizado por él y otras personas más para fugarse.
La medida provocó un descontento en la población penal, principalmente en Armando Rotela, compañero de pabellón y socio de Efrén Benítez.
Ese mismo día, pero ya en horas de la tarde, los presos al mando de Rotela comenzaron a quemar colchones, ropas y frazadas en distintos sectores del penal, con lo que dieron inicio así a un incendio de importantes magnitudes, así como destrozos en las instalaciones del lugar.
Toda la confusión también fue aprovechada por los privados de libertad para retener en calidad de rehenes a un grupo de 20 agentes penitenciarios, quienes estaban de turno en esa jornada. Los reclusos prometieron, en esa ocasión, liberarlos una vez que cumplieran sus exigencias.
Ante dicha circunstancia se constituyeron en el lugar agentes de la Agrupación Especializada, de la FOPE y de la comisaría 4ª Asunción, además de bomberos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay y de la Policía, para intentar poner término al motín y extinguir las llamas, respectivamente.
Ya en horas de la noche, con presencia de la ministra de Justicia Cecilia Pérez, los internos accedieron a un diálogo y llegaron a un acuerdo, como efecto del mismo liberaron a los agentes penitenciarios y también permitieron el ingreso del director del recinto y de los bomberos.
Luego los internos también hicieron entrega de seis cuerpos sin vida, pertenecientes a Julio César González Cáceres, quien fue degollado y también presentaba heridas múltiples de arma blanca; Julio César Shareamm Barrios, también degollado y con heridas de arma blanca en todo el cuerpo.
Además, los cadáveres de Fernando Ortiz Echeverría, Carlos Raúl Casco Rojas y Alcides Ramón González González, quienes fueron decapitados y presentaban heridas de arma blanca. En cuanto al caso de Roberto Ríos, fue asesinado con varias heridas de puñal.
Casi al mediodía del 17 de febrero se halló otro cuerpo, perteneciente a Francisco Vargas Leiva, ultimado con varias estocadas.
Territorio expandido y enfrentamientos
En tal sentido, para la Fiscalía, los ahora procesados habrían dado las órdenes para atacar a las víctimas mencionadas y su posterior decapitación. Más aún esto, teniendo en cuenta que Armando Javier Rotela expandió su organización por dentro y fuera del penal de Tacumbú, así como en otros penales del país.
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En ese contexto fue que en el 2019 se registró un enfrentamiento entre integrantes del Clan Rotela y militantes del Primer Comando da Capital (PCC), en la penitenciaría de San Pedro, que derivó en la muerte de 10 internos.