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El cruce en el Ministerio Público surgió el miércoles último cuando el secretario de la Sala Constitucional de la CSJ, Julio Pavón, informó al pleno de la Corte que la acción de inconstitucionalidad promovida en el caso Berilo se encuentra pendiente debido a que seis de los 21 procesados todavía no fueron notificados en relación a la conformación de la Sala Constitucional.
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En respuesta a dicho informe, este viernes, el Ministerio Público señaló a través de un comunicado que Pavón cometió “un error involuntario, ya que el funcionario judicial omitió computar los numerosos urgimientos presentados por el fiscal adjunto Marco Alcaraz”, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico.
Así también, el escrito del Ministerio Público mencionaba en otro párrafo que, pese a los urgimientos elevados anteriormente y en reiteradas ocasiones, “el Ministerio Público como parte se encuentra impedido de notificar a las partes, por imperio de lo dispuesto en el artículo 136 del C.P.P., ‘las notificaciones por cédula serán practicadas por los ujieres’”, responsabilizando al Poder Judicial sobre dicha tarea.
Fuentes de la Corte Suprema de Justicia informaron esta mañana que ese día se informó sobre la falta de notificación a seis procesados. Un funcionario del Ministerio Público ya compareció en la secretaría para abonar el precio de las notificaciones, a modo de que el ujier del Poder Judicial realice la diligencia.
De esta forma, el Ministerio Público, que en su informe señala un error involuntario a la Corte con su comparecencia para realizar las notificaciones, terminó reconociendo su propio error. En tal sentido, por ahora solo falta notificar a uno de los seis procesados en la causa.
Desde la Corte señalaron que la Sala Constitucional ya fue integrada por los ministros Alberto Joaquín Martínez Simón, César Garay Zuccolillo y César Manuel Diesel, por lo que resulta imperiosa la necesidad de que todos los encausados sean notificados para que tengan conocimiento de quiénes analizarán la acción de inconstitucionalidad planteada por el Ministerio Público.
Todas las partes tienen tres días hábiles, a partir de la notificación, para recusar a los integrantes de la Sala.
En cuanto a los urgimientos referidos por el Ministerio Público, respondieron desde la máxima instancia judicial que efectivamente existen los mismos; sin embargo, están relacionadas a otras cuestiones del proceso, por lo que el avance de la causa no puede avanzar a fuerza de recursos.
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Cabe mencionar que la acción de inconstitucionalidad que fue planteada el 9 de diciembre de 2019 por el Ministerio Público fue en respuesta al fallo de la Cámara de Apelaciones que dejó como inexistente la acusación presentada contra los procesados por narcotráfico Reinaldo “Cucho” Cabaña, el diputado colorado Ulises Quintana y otros más en el denominado Operativo Berilo.