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El secretario de Estado defendió ayer el proyecto de presupuesto de la cartera fiscal en la última audiencia informativa desarrollada por la referida comisión legislativa, que analiza el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 para elevar su dictamen a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.
Llamosas señaló a los legisladores que US$ 369 millones están previstos para la amortización de la deuda y más de US$ 590 millones para el pago de los intereses. En el caso de la amortización del capital, explicó que esta parte se paga con endeudamiento y los intereses con los fondos provenientes de la recaudación de los impuestos, porque son considerados gastos corrientes.
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La ley de administración financiera prohíbe pagar los intereses de la deuda con endeudamiento, pero esta medida quedó suspendida temporalmente el año pasado teniendo en cuenta la situación de pandemia que vive el país y esto permitió que del préstamo de emergencia se destinaran US$ 75 millones para estar al día con el servicio de la deuda pública.
Los datos expuestos ante los legisladores de la bicameral indican que para el pago de la deuda pública el proyecto de presupuesto 2022 contempla más de G. 6,7 billones (US$ 972 millones), que incluye capital, intereses y comisiones.
El monto crece en total 14% con respecto a lo que se tiene previsto pagar hasta el final del presente año, lo que equivale a US$ 116,3 millones más.
Preocupa aumento
Los parlamentarios llamaron la atención sobre el aumento considerable de los intereses, teniendo en cuenta que esta parte del servicio se paga con recursos genuinos obtenidos vía impuestos. Según Llamosas, obedece principalmente a que se prevé el rescate de otra parte de los bonos soberanos que vencen en 2023.
En ese año vencen los primeros bonos soberanos emitidos en 2013 durante el gobierno de Federico Franco (PLRA), por US$ 780 millones (primera emisión y reapertura en 2015). Una parte de estos títulos, por valor de US$ 329,5 millones, ya fueron canjeados este año por bonos a mayor plazo y quedan por vencer US$ 450,5 millones.
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La idea del ministro es hacer en 2022 un rescate similar a la realizado este año para que en 2023 el Tesoro pueda pagar un monto menor de lo previsto inicialmente, una operación autorizada por la denominada ley de administración de pasivo o como se lo conoce comúnmente “ley de bicicleteo de deudas”.
En lo que respecta al nuevo endeudamiento a ser contraído el próximo año, indicó que se prevé US$ 600 millones, de esto US$ 250 millones provendrán de un préstamo y US$ 350 millones de la emisión de bonos en el mercado local o internacional.
Deuda total
De acuerdo con los últimos datos de Hacienda, el saldo de la deuda pública total al mes de agosto asciende US$ 13.203,2 millones, lo que equivale al 34,3% del producto interno bruto (PIB). Para el próximo año, las proyecciones apuntan a que en diciembre alcanzará el equivalente a 37,4% del PIB, que representa unos US$ 15.202,7 millones.
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En cuanto al déficit fiscal de la administración central, Llamosas informó a los miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto que el proyecto se ajusta al tope de lo que dispone la Ley de Responsabilidad Fiscal, de 1,5% del PIB (US$ 600 millones), pero incluye un artículo que solicita levantar este límite al 3% del PIB (US$ 1.200 millones), de tal manera a poder ejecutar los fondos disponibles para el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y el Ministerio de Salud Pública.
Explicó que en caso de autorizarse el aumento del déficit, estos US$ 600 millones más que estarán disponibles se distribuyen de la siguiente manera: US$ 400 millones para el MOPC, que ya están previstos en contratos de préstamos con organismos financieros, y US$ 200 millones para Salud Pública.
Según el plan de convergencia al tope de déficit fiscal propuesto por el Ministerio de Hacienda, este año 2021 se cerrará con un saldo negativo del -4% del PIB; el próximo año se reduce a -3%; al año siguiente baja a -2,3% y para 2024 retorna al tope de 1,5%.