Alegre, acompañado de su abogada, hizo hincapié en la rectificación realizada por Cartes en septiembre, poco antes de que se divulgara esa investigación periodística, a sus declaraciones juradas al asumir y al dejar la Presidencia, las cuales no incluían la empresa offshore adquirida en Panamá en 2011.
"La rectificación es la confesión de la condición de delito. Viene a decir, sí, cometí un delito y ahora quiero arreglar (...) La obligación de la Fiscalía es hacer la investigación", dijo Alegre a los medios.
En el mismo sentido se expresó la abogada Marlene Orué, quien acotó que el "hecho de presentar una declaración jurada falsa ya configura el tipo penal".
"En el 2011, según la prensa internacional, los Panamá Papers, se crea esa empresa offshore. Entonces, pasaron diez años. ¿Cómo después de diez años va a intentar alguien rectificar? Es dejarnos a todas luces a la ciudadanía como tontos. Es una conducta dolosa, de falsear y ocultar", dijo Orué.
La tipificación del hecho, según la denuncia, se enmarca en el artículo 243 del Código Penal, que establece pena privativa de hasta cinco años a quien presente una declaración falsa a un ente facultado.
La denuncia se presenta días después de que la Contraloría General de la República confirmara que Cartes, del gobernante Partido Colorado, no declaró hasta el mes pasado la sociedad Dominicana Acquisition, adquirida en Panamá en 2011 y citada en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Sin embargo, desde la Contraloría señalaron que la rectificación es un derecho y que no hay plazos establecidos en la legislación penal sobre la oportunidad de llevarla a cabo.
Antes de conocerse la rectificación, los abogados de Cartes explicaron, a través de los medios de prensa del grupo empresarial del expresidente, que este había cumplido con las declaraciones preceptivas antes y después de su mandato.
Añadieron que Dominicana Acquisition fue adquirida "como vehículo legal para la compra de un departamento para su familia en la ciudad de Miami", y que fue dada de baja en el registro mercantil panameño una vez que se vendió el inmueble, que era su único activo.
Sobre la denuncia presentada hoy, Alegre dijo que no "guarda demasiadas expectativas", y volvió a referirse al Ministerio Público como una "mafia" controlada por Cartes.
"Sabemos que la Fiscalía está manejada por la mafia, el jefe de la mafia es Cartes, así que desde luego no tenemos demasiadas expectativas. Pero lo hacemos porque es nuestra obligación y esta es la instancia", acotó el jefe liberal.
Alegre acusa a la fiscal general, Sandra Quiñónez, de ser funcional a Cartes, y a este de copar desde Honor Colorado, la principal corriente del oficialismo, el Ministerio Público y otras instituciones.
Cartes asumió la Presidencia tras una carrera empresarial que le convirtió en una de las fortunas del país, siendo su buque insignia la tabacalera Tabesa.
Es además uno de los principales articuladores políticos del Partido Colorado, y ha participado activamente en la campaña electoral comenzada hace semanas de cara a los comicios municipales del domingo.