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El secretario de Estado en su exposición ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, realizado en la tarde del miércoles último, informó a los legisladores el costo que representará el próximo año el déficit de la entidad que administra la jubilación de una parte del sector público.
Llamosas dijo que en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 se contempla US$ 181,6 millones para financiar el saldo rojo de la referida caja y habló de la urgente necesidad de atender esta problemática que se presenta y que demanda cuantiosos recursos genuinos cada año.
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Expresó que desde Hacienda están tratando de dialogar con los diversos sectores porque esta situación deficitaria afecta a las finanzas públicas, a los aportantes y a los jubilados, por lo que puntualizó que se tendría que llegar a ciertos consensos para implementar una reforma de manera urgente.
De acuerdo con los últimos datos de la cartera, al mes de agosto la Caja Fiscal acumula un déficit de G. 776.216 millones (US$ 112,8 millones al cambio vigente), que implica una diferencia negativa del 33% entre el aporte realizado por los funcionarios activos y los haberes percibidos por los jubilados.
La referida caja está compuesta por seis sectores públicos: policías, militares y maestros, que registran déficit de 62%, 76% y 42%, respectivamente. En tanto, empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales, registran superávit de 72%, 21% y 21% respectivamente.
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Desde el año 2015 hasta agosto último el Tesoro destinó más de G. 4,2 billones (US$ 620 millones al cambio vigente) para financiar el déficit con dinero que aporta toda la ciudadanía que paga impuestos.
Hacienda tenía previsto presentar una reforma de emergencia, atendiendo que las proyecciones indican que el superávit que registran ciertos sectores de la caja solo alcanzarán para financiar el déficit de los próximo cinco años.
Reforma de emergencia
La Caja Fiscal cuenta actualmente con 229.965 aportantes y 67.503 jubilados, y la propuesta manejada por Hacienda para hacer sostenible el sistema jubilatorio público es que aquellos que se hayan retirado antes de los 62 años, sigan aportando el 16% como lo hacen los funcionarios activos.
Además, el plan incluye suspender la equiparación que tienen los militares y policías retirados con los uniformados en actividad, a fin de que la actualización se haga en base a la inflación como se realiza con los demás sectores que componen la Caja Fiscal.
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Las asociaciones de jubilados, sin embargo, rechazaron la propuesta y se movilizaron para presionar al Gobierno para que se no presente el proyecto, por lo que finalmente al parecer el proyecto quedó a la espera de la decisión del Ejecutivo.