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Fuentes de la Presidencia de la República informaron que el Poder Ejecutivo recibió el proyecto de ley de servicios de confianza para las transferencias electrónicas el 30 de septiembre. De acuerdo a los datos, el documento cuenta con 106 artículos; por lo tanto, el plazo para que el Ejecutivo se pronuncie es de 20 días hábiles, que se cumple el jueves 28 de octubre.
Según los datos, el Ejecutivo analizará la propuesta legislativa sancionada y conversará con todos los actores afectados, para luego adoptar una decisión (veto o promulgación).
El proyecto de ley originado en la Cámara de Diputados fue sancionado por el Congreso tras un amplio debate sobre un artículo en particular referente a las operaciones gestionadas a través de la plataforma móvil.
Finalmente, el texto sancionado fue la versión de la Cámara de Diputados, que establece criterios más rigurosos en seguridad de los datos para estas operaciones y que coincide con la postura de los bancos.
A través de la nota, la Asociación de Bancos del Paraguay pide al presidente de la República la promulgación de la ley, incluido el artículo 103 de la misma.
Desde la asociación alegan que el proyecto de ley es moderno y recoge lo mejor de las legislaciones vigentes en la materia. Afirma también que contribuirá a dinamizar los procesos de digitalización en nuestra sociedad y en la economía.
Los banqueros sostienen además que con la vigencia de la ley sancionada se establecerán los tres niveles de verificación de identidad de los usuarios en el mundo digital. A través de este protocolo se podrán frenar los delitos económicos financieros e informáticos. Este servicio de autenticación de identidad deberá estar aprobado por la autoridad regulatoria para su reconocimiento.
No desaparecerán los giros, dicen
La asociación de bancos aclara además que no desaparecerán los servicios de giro y transferencias que hoy ofrecen las billeteras electrónicas ni complicará más al usuario enviar o recibir dinero. La vigencia de la ley permitirá eliminar asimetrías regulatorias y respetar el principio regulatorio universal vigente de igual regulación para igual servicio, según Asoban.
Telefónicas piden veto
Sin embargo, la organización GSMA Latin América, que representa los intereses de los operadores de telefonía móvil de todo el mundo, y une a cerca de 750 operadores y casi 400 empresas, también envió una carta al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, señalando las consecuencias negativas que tendría la ley “de servicios de confianza”, y da a entender que esperan el veto del artículo 103 para una revisión, acorde con un comunicado difundido esta semana. La Cámara Paraguaya de Operadores Móvil también viene pidiendo el rechazo de dicho artículo, alegando que complicará y limitará las transacciones de usuarios.