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Este es un burdo pacto con la impunidad con trasfondo político en perjuicio de los intereses de la comunidad. Esta ex funcionaria, que en su momento admitió la comisión del delito y luego empleó todas las chicanas jurídicas para impedir el juicio oral, es de una conocida familia colorada, tiene a su padre y un hermano en la función pública, uno en Copaco y otro en el Poder Judicial, señaló el abogado.
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La causa está identificada como “Alba Noemi Lourdes Ortellado Giménez sobre supuesto hecho de lesión de confianza y otros, expediente Nro. 3-1-2-1-2019- 6662″, está para su etapa de juicio oral, a cargo del juez de sentencia, Gustavo Arzamendia.
Troche integraba como asesor “ad honorem” un equipo de abogados, conformado por los ex asesores jurídicos de la Comuna, Zulma Memmel y David Amarilla, en la querella adhesiva asumida por la Municipalidad contra la exfuncionaria. Estos profesionales renunciaron a seguir entendiendo en la causa cuando se produjo el cambio de gobierno comunal, y asumió el intendente de transición, Sebastián Remezowski (ANR), en reemplazo del exintendente Luis Yd (Alianza), quien renunció para postularse por un nuevo periodo.
Actualmente, el representante de la Municipalidad en esta causa es el abogado Víctor Fernández Florentín, director jurídico de la Municipalidad en este periodo de transición.
Dictamen favorable
A pedido del intendente Remezowski, la Comisión Permanente de Legislación de la Junta Municipal, por dictamen número 87/2021, recomendó aprobar el “acuerdo de reparación del daño” a ser suscrito entre la Municipalidad y la encausada. El dictamen fue aprobado en sesión ordinaria por unanimidad de voto de los concejales.
Este acuerdo dado por la Junta abre las puertas a la impunidad y la comisión de un acto ilegal, pues en este caso no se puede disponer “per se” de los intereses comunales. Aquí hay un daño no a los intereses personales del intendente, es un daño provocado a la comunidad, con dinero del pueblo, sostuvo el letrado.
En este caso, la funcionaria que cometió un delito contra el patrimonio público se libra de ir a la cárcel, y queda con la foja limpia; mañana puede nuevamente ser funcionaria pública y administrar recursos públicos porque al evitarse el juicio oral la causa “muere” mediante un simple acuerdo. La doctrina penal, sin embargo, es clara en los delitos que comprometen los intereses de la comunidad, donde la reparación no puede reemplazar a la pena, explicó.
Durante todo el proceso esta ex funcionaria apeló a todas las chicanas posibles para evitar el juicio oral. Cuando ya se llegó a esta instancia, y en esta coyuntura política, sacan este acuerdo con tinte político para evitar el juicio. Nosotros sostenemos que se tiene que llegar al juicio oral y a la condena. Debe quedar precedente contra la impunidad en los actos de corrupción pública, refirió el profesional.