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Antonio Iriarte Filártiga, con cédula número 1.704.585, que vivía en la zona conocida como Yva hai, colonia La Residenta, del departamento de Canindeyú, había nacido el 13 de junio de 1955 y partió al más allá el 23 de setiembre de 2020, sin que pudiera lograr que la parcela de tierra a la que había accedido pudiera ponerlo a su nombre, según explicó su hijo.
Explicó que recién luego de varios años lograron iniciar los procesos para titular la parcela, en 2017, con las documentaciones que tienen número de expediente 14.224/ 2017, que había sido originado de otro expediente, el número 1696/2002.
Explicación del Indert
Al consultar sobre el tema con la asesora jurídica del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), abogada Rossana Galván, explicó que considerando la fecha del expediente, se tiene la limitante que desde ese tiempo ya existía la obligatoriedad de cumplir la acordada 89/94, de la Corte Suprema de Justicia.
Dicha medida de la Corte Suprema exige que para expedir títulos de propiedad se debe hacer primeramente el relevamiento de toda la colonia, presentar el título de propiedad, digitalizar ese título y todos los títulos expedidos con anterioridad y la superficie sobrante. Es una exigencia que la Corte hace al Indert, como se hace a cualquier inmobiliaria, solamente que las empresas loteadoras tienen superficies mínimas. Agregó que para el Indert cumplir dicha exigencia es mucho trabajo de campo, que al mismo tiempo requiere mucho gasto.
También dijo que a raíz de eso, para buscar soluciones más rápidas para la titulación, se empezó a implementar el Proyecto Sirt, que desde el 2015 está impulsando el relevamiento de las colonias.
“Hasta ahora relevamos casi 400 colonias de las cerca de 1.300 que tiene el Indert, pero de esas tienen aprobación menos del 50%”, indicó.
Agregó que paralelamente, durante el presente gobierno, en comparación con el anterior, el Indert sufrió importante disminución en el presupuesto para lo que refiere a la titulación de fincas.