Cargando...
Finalmente, se dio por concluido el sumario que realizó la DNCP a la firma Engineering SAECA con respecto a la licitación que había ganado ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para ser responsable de la construcción de la pasarela peatonal entre el Parque Ñu Guasu y el Comité Olímpico Paraguayo.
Contrataciones Públicas concluyó que la conducta de la mencionada firma se enmarca dentro de los delitos que menciona el artículo 72, inciso B, que dice textualmente lo siguiente: “Los proveedores o contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios al organismo, entidad o municipalidad de que se trate” podrán ser inhabilitados temporalmente por la Unidad Central Normativa y Técnica. La normativa aclara que esta suspensión no será menor a tres meses ni mayor a tres años.
En este sentido, a partir de ahora y por doce meses, la empresa Engineering SAECA no podrá participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta ley.
Lea más: Engineering está detrás de millonaria licitación para la planta de Petropar
Mala fe
En otro orden, “los proveedores o contratistas que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o descargo de un procedimiento de conciliación o de una inconformidad” también podrán ser suspendidos.
Como se cumplen estos dos supuestos, ahora se dispone la inhabilitación de la firma por el plazo de doce meses, contados desde la incorporación al registro de inhabilitados para contratar con el Estado
La licitación pública nacional para la construcción de la pasarela peatonal entre el Parque Ñu Guasu y el Comité Olímpico Paraguayo había sido convocada por el MOPC.
La DNCP inició este sumario por los supuestos de incumplimiento contractual y mala fe por parte de la constructora.
Lea más: Con 25% del precio del paso ñandutí construirán 5 pasarelas peatonales
Se cree que buscaron condiciones ventajosas
Además, se señaló a la firma por suscripción a la adenda Nº 1 en contravención a la Ley Nº 2.051/03 y las bases de contrato.
Otro señalamiento que tiene la empresa Engineering guarda relación con falta de ejecución de la obra dentro del plazo, incumplimiento en la instalación eléctrica, incumplimiento en la vigencia de la garantía de anticipo, de los seguros de obra y, finalmente, mala fe al suscribir el convenio modificatorio Nº 2 en condiciones más ventajosas para ellos.
La cuestionada obra costó G. 14.521 millones (unos US$ 2,1 millones aproximadamente) y acumula sospechas de estar sobrefacturada y además se presume que se direccionó la licitación a la empresa Engineering.
Lea más: Pese a irregularidades, MOPC sigue sin rescindir del contrato con Engineering
La superproveedora
Esta firma es conocida en el vox populi de las licitaciones como “la superproveedora de este Gobierno”, pues su propietario, Juan Andrés Campos Cervera, ya ganó concursos en ocasiones anteriores para vender al Estado distintas obras.
Justo cuando la firma estaba por ser sancionada por la DNCP, Juan Andrés Campos Cervera ubicó como accionistas de Barrail Hermanos SA a su esposa, a su cuñado y hasta a uno de sus gerentes, todo indica que para seguir facturando con el Estado.
Se presume que, tras la criticada pasarela de ñanduti, Engineering, bajo algún que otro disfraz, se alista para seguir “ganando” a nombre de la citada constructora, donde sus cercanos ya tomaron la posta.
Contraloría confirmó sobrefacturación
La Contraloría General de la República (CGR) concluyó la segunda auditoría que realizó a la criticada pasarela “ñandutí” en la que confirmó que varios ítems de la obra están sobrefacturados, principalmente a través de las dos adendas que aumentaron los precios de la obra. El ente contralor reveló un incremento indebido de G. 3.142 millones.
La pasarela se adjudicó por G. 12.437 millones a Engineering, pero su precio se incrementó a G. 14.121 millones luego de los convenios modificatorios 1 y 2, que, según la Contraloría, se firmaron para beneficiar a la contratista porque ni siquiera cuentan con especificaciones técnicas.