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Ariel Vera compartió en su estado del Whatsapp una imagen junto con el intendentable colorado (cartista) Óscar “Nenecho” Rodríguez y por el fondo se puede concluir que se trata de la cena de recaudación para su campaña. Se trata del hermano del expresidente de Conajzar Cristhiant Vera, y ambos son activos empleados de la empresa iCrop Sa, representada por Ariel Peña Flores.
La empresa fue contratada de forma directa, sin concurso, por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), cuyo presidente es José Antonio Ortiz Báez, para “legalizar” 50.000 tragamonedas del país que son utilizadas en despensas, bares y otros comercios no exclusivos de juegos de azar prohibidos por la Ley N° 1016/97 de Juegos de Azar y el Decreto N° 3083/15. Teniendo en cuenta que por la gestión, la firma cobra entre G. 300.000 y G. 450.000 al mes por máquina, la expectativa de recaudación es de US$ 2,1 millones y de ese monto, US$ 1,5 millones queda para la empresa y solo lo que resta para Conajzar.
Conforme a declaraciones juradas de iCrop, se constató que Vera es el que lidera el ránking de agentes de iCrop que recauda por la “regularización” de tragamonedas, junto a su esposa, María Mercedes Zarza Delvalle. Sólo en el mes de junio, su ingreso mensual fue de G. 211 millones y de ese monto, se quedó con G. 150 millones y al Estado transfirió apenas G. 61 millones.
Se intentó conversar con Vera acerca de su apoyo a la candidatura de “Nenecho”, pero no respondió al igual que en otros intentos anteriores.
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El acuerdo sobre tragamonedas con Conajzar fue calificado de ilegal por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Contraloría General de la República (CGR), y de esta última sus disposiciones son de cumplimiento obligatorio según establece la Ley N° 276/94. Sin embargo, y sin explicación oficial alguna, iCrop y Conajzar mantienen el contrato vigente, y la empresa sigue notificando a los comerciantes que deben someterse al catastro de la misma o caso contrario, se considerara que su actividad es clandestina y se expone a un proceso judicial y con pena de cárcel.
Cabe recordar que el Congreso planteo este plan ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) ante la sospecha de la creación de una estructura para la obtención de recursos ilícitos y lavado de dinero.
