El fiscal Rodrigo Estigarribia de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), que investiga sigilosamente la aparición de facturas clonadas, entre otros hechos punibles, en la rendición de la Gobernación de Central, sobre el uso de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones al cambio a finales de 2020), allanó semanas atrás la Municipalidad de Guarambaré en busca de documentos que avalen la obra realizada por la ONG CIAP y solo encontró el proyecto.

En referencia, el gobernador de Central Hugo Javier González, cartista, recibió del Ejecutivo en diciembre del año pasado G. 6.382 millones para generar fuente de trabajo y ayudar a hospitales durante la pandemia. Sin embargo, no dudó en repartir el dinero a CIAP, presidida por Tadeo Álvarez, que recibió G. 5.105 millones y al Consejo Regional de Salud, presidida por Hugo Cabrera, que percibió G. 1.276 millones.

El proyecto denominado “Construcción de ciclovía en el acceso a la ciudad de Guarambaré”, que fue presentado por la Comuna a la Gobernación en 2019, forma parte de las 14 obras realizadas por CIAP por G. 5.105 millones, donde su presidente Tadeo Álvarez, de profesión árbitro de fútbol, “certificó” todas las construcciones. Esta tarea es propia de un arquitecto o ingeniero civil y hasta de un fiscalizador habilitado para el efecto.

Según fuentes, no hubo contestación por parte de la institución departamental y tampoco fue estudiado por la Junta Municipal. Es decir, no tuvo permiso municipal para ser construido. Durante el allanamiento no fueron encontrados los documentos que respalden la obra.

Sin embargo, CIAP, “invirtió” en el proyecto G. 797 millones, parte del millón de dólares, y la firma contratada por la ONG fue “Grau Constructora”, cuyas facturas fueron reemplazadas en la rendición de cuentas de Hugo Javier, presentadas a Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE).

También, el equipo auditor de la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y AGPE, sostienen en el informe final de la auditoría hecha, que los certificados de presupuestos para la construcción del caminero no tienen fecha de emisión y tampoco existe el cuadro comparativo de precios elaborado por CIAP. Es más, se presume que la obra ya habría sido pagada con otro fondo, ya que la misma inició en el 2020 antes de la transferencia del fondo de emergencia por covid-19.

Intentamos hablar con el intendente de Guarambaré, José Asunción Vallejos, (cartista), sobre el proyecto y su posterior ejecución, pero no atendió las llamadas a su celular. Por su parte, el fiscal Estigarribia sostiene que son varios los hechos punibles que se investigan, pero hasta la fecha nadie fue procesado. Aseguró además que la investigación “está en su etapa final”.

“Contraloría cómplice”

Los concejales denunciantes de la presunta clonación de facturas en torno al millón de dólares, Adrián Billy Vaesken y Roque Ávalos, afirman que la Fiscalía y la Contraloría General de la República (CGR) son “cómplices” del gobernador en el grosero caso.

La CGR, hasta la fecha no emitió el informe final de la auditoría que inició en mayo pasado. Según fuentes confiables, “el informe final no será emitido antes de las elecciones municipales (10 de octubre) para no dañar la imagen del Partido Colorado”. Al respecto, el director de Rendición de Cuentas de la Contraloría, Emilio Ferreira, dijo hace más de una semana que “independientemente a las elecciones, eso (el informe para descargo) va a salir a más tardar a fin de setiembre, por lo menos así está programado”, pero aparentemente aún no notificaron a Hugo Javier sobre los hallazgos. Intentamos hablar con Ferreira, pero no atendió las llamadas a su celular.

Inconsistencias

Son numerosas las irregularidades halladas por Senac, por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y por AGPE. Por ejemplo, la naturaleza de CIAP es la de formar profesionales en diversas disciplinas, además de realizar capacitaciones acordes a sus funciones. Esto lo dice su estatuto que desde el 2016, año de fundación, no fue modificado. Sin embargo, la fundación fue contratada por Hugo Javier, para realizar obras de infraestructura. Es más, el mismo presidente de la ONG, Tadeo Álvarez, “verificó” los trabajos.

En la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas y las empresas afectadas denunciaron el hecho ante el Ministerio Público. También se encontraron comprobantes de empresas que no existen en las direcciones declaradas, facturas a crédito sin recibo de dinero, falta de planos, de cómputos métricos, entre otros.

En cuanto al Consejo Regional de Salud, lo más grave es que la organización ni siquiera está reconocida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), según informes de la Dirección de Descentralización de la cartera sanitaria. Sin embargo, sigue recibiendo millonarios desembolsos por parte de la Gobernación de Central.

Otras de las anomalías encontradas consisten en la efectivización de los G. 6.382 millones. Las organizaciones sin fines de lucro están obligadas a tener una cuenta bancaria para recibir las transferencias de cualquier institución estatal.

Pero, de acuerdo a los documentos a los que ABC accedió, Nicolás Eduardo Emmanuel Álvarez Doria, síndico de CIAP, habría sido quien cobró en efectivo en ventanilla del Banco Nacional de Fomento (BNF), el 10 de febrero de 2021 el cheque Nº07524976 de G. 2.297.520.000 emitido a la orden de la fundación. El mismo, es el sobrino de Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, presidente de la ONG.

También, Paulino de los Santos Palacios Recalde, tesorero de CIAP, sería quien el 12 de febrero cobró en efectivo “tres cheques a la orden de la fundación”, que son el Nº07524980 de G. 1.531.680.000; el Nº07524977 de G. 765.840.000 y el Nº07524979 de G. 510.5600.000, que suman en total G. 2.808.080.000.

Finalmente, Aníbal Andrés Delvalle Cogliolo, tesorero del Consejo Regional de Salud, habría sido quien el 18 de febrero de 2021, cobró en efectivo el cheque de G. 1.276.400.000, que estaba a la orden del Consejo. Es más, el mismo habría confirmado esta versión ante la Senac y dijo que “es normal” que cobren en efectivos los cheques de la Gobernación para luego guardarlos en una caja fuerte que está en su oficina.