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Ayer se dio a conocer que la Corte IDH falló contra el Estado paraguayo en la causa entablada por exministros de la Corte, Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea (+), quienes fueron destituidos de la Corte Suprema de Justicia por juicio político.
Esta mañana, el procurador general explicó que el organismo internacional no estipuló que Ríos Ávalos sea restituido en el cargo pero sí se dio lugar a la demanda y se concedió una parte de la indemnización solicitada. “De los 2 millones de dólares que pedía el Dr. Bonifacio Ríos Ávalos, el Paraguay fue condenado a un cuarto de sus pretensiones”, enfatizó.
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Caballero sostuvo que el criterio del Gobierno fue que se respetó un proceso legal para la destitución de ambos ministros. “También sostengo que fue inédita la forma en que una persona (Ríos) obtuvo 43 de los 45 votos posibles para ser removido del cargo... Obtener que todos se pongan de acuerdo en esa situación, creo que debe ser porque las causas eran graves”, consideró.
Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el actuar del Poder Legislativo afectó de forma arbitraria la permanencia de los ministros acusados, lo que vulneró la independencia judicial y perjudicó el orden democrático.
El procurador resaltó que se torna un “problema” cuando la Corte IDH “se mete con autoridades públicas” y debería ser motivo de análisis.
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También se tendrán que pagar salarios y jubilaciones
Cabe resaltar que según la resolución de la Corte IDH, el Estado deberá en total pagar U$S 525.000 Ríos por indemnización, por no poder volver al cargo, por daños materiales y costos y gastos administrativos. Mientras que los familiares de Fernández Gadea recibirán en total U$S 295.000, por los mismos conceptos. Ello implica un perjuicio total de U$S 820.000 para el Gobierno.
No obstante, la Corte IDH también definió que el Paraguay debe pagar todos los salarios y jubilaciones desde el 2003, por lo cual la suma mencionada será mayor.
Es importante recordar que el 6 de setiembre de este año el Estado paraguayo comunicó su rechazo a la recomendación de la Comisión de la Corte IDH de reponer en el cargo o indemnizar a los exministros. A consecuencia de ello, la causa fue a litigio judicial.