Intendente de San Antonio amplía denuncia sobre asalto a días de elecciones

SAN ANTONIO. Llamativamente, a días de las elecciones municipales, el intendente de esta ciudad, Raúl Isaac Mendoza Ramos, liberal amarillista, amplió su denuncia sobre el asalto que sufriera en su casa el 20 de junio último, día de las internas, donde los delincuentes se alzaron con G. 215 millones. El jefe comunal ahora habla de la existencia de una cajita de oro. Dijo que su expareja sabía de la existencia del dinero; sin embargo, el día del asalto aseguró que nadie sabía.

Parte de la declaración del intendente de San Antonio, Raúl Mendoza, en donde amplía su declaración a días de las elecciones municipales.
Parte de la declaración del intendente de San Antonio, Raúl Mendoza, en donde amplía su declaración a días de las elecciones municipales.abc color

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En lo que sería una jugada política, el procesado intendente de San Antonio, Raúl Mendoza, liberal amarillista, declaró el 30 de setiembre último ante el fiscal Lorenzo Lezcano y amplió su denuncia sobre al asalto que sufriera en su casa el día de las elecciones internas.

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Tres meses después y a diez días de las elecciones, el jefe comunal ahora indica que su expareja, la concejala y quien busca su reelección, Lourdes Espínola, sabía de la existencia del dinero y que además cuenta con una caja de oro en su residencia.

No obstante, llama la atención que el día del asalto, la fiscala local, Laura Ávalos, le preguntó si alguien más sabía que él contaba con una gran cantidad de dinero y declaró que no. Aseguró que solo él sabía sobre el botín, y ahora busca implicar a su expareja.

Ante el fiscal Lezcano dijo que el asalto es de tinte político, debido a que meses atrás le había manifestado a su expareja, Lourdes Espínola, que para el día de las elecciones contaría con G. 1.200 millones para usar en contra de su contrincante y correligionario, Santiago Aguilera, pero perdió las elecciones.

Raúl Isaac Mendoza Ramos, intendente de San Antonio
Raúl Isaac Mendoza Ramos, intendente de San Antonio

“Los delincuentes que me asaltaron exigieron la suma de G. 1.200 millones y mi oro, me llama la atención, porque eran detalles que solo manejaba mi expareja, sabía los movimientos que yo tenía, ese monto yo le dije a ella, cuando me dijo que el candidato oponente estaba bien posicionado, y entonces enojado le dije que no me importaba, porque el día de las elecciones tendría G.1.200 millones para gastar en su contra y fue el monto que se pidió”, expresa una parte de la declaración ante el fiscal Lezcano.

También, en su declaración menciona a Cristian Barrios, operador del candidato ganador, a quien supuestamente menciona el oficial segundo de la policía, Félix Guzmán, detenido como uno de los supuestos integrantes de la banda, pero este se abstuvo de declarar ante la fiscala Ávalos.

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Además de Guzmán, se encuentran detenidas otras cinco personas en el marco de la investigación del referido asalto que sufrió el titular comunal.

Por su parte, la fiscala Laura Ávalos indicó que Mendoza aseguró en su primera declaración, hecha el día del asalto, que nadie más sabía de la existencia del dinero y que solo ahora menciona a su expareja, Lourdes Espínola.

“Cuando le pregunté si alguien más sabía de la existencia del dinero, aseguró que nadie, que solo él manejaba esa información y que incluso la plata que tenía en la casa de su madre nadie sabía y ahora declara otra cosa y cuando uno miente entorpece la investigación”, expresó la fiscala.

A su turno, Cristian Barrios negó su implicancia en el caso y aseguró que el intendente solo busca desviar la atención para desacreditar al grupo ganador, pero que está a disposición de los investigadores.

Sin embargo, Lourdes Espínola indicó que todo se trata de una cuestión política y que su expareja solo busca desacreditarla y evitar su reelección. Dijo que analizará las declaraciones de Mendoza para tomar las acciones que correspondan.

Mendoza se encuentra procesado por lesión de confianza y se habla de un daño patrimonial de más de G. 850 millones, de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). El caso fue elevado a juicio oral y público.

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