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La recusación contra los jueces Fabián Weisensee, Laura Ocampo y Juan Pablo Mendoza ahora rechazada fue planteada el 20 de setiembre pasado, por el abogado Germán Cubas, en representación del acusado José Manuel Dafonte Sugo.
El argumento fue que el Tribunal emitió preopinión y vulneró el principio de inocencia, al solicitar custodia de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas para la realización del juicio con el argumento de que los acusados son considerados de alta peligrosidad, siguen vinculados con el crimen organizado y están infiltrados en la Policía.
Por unanimidad, los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos rechazaron la petición, tras constatar que no se ha acreditado en forma clara y contundente causal alguna de excusación que justifique el apartamiento de los magistrados.
“Con respecto a lo manifestado en el escrito de recusación sobre la supuesta opinión y declaración de culpabilidad por parte del Tribunal de Sentencia, es importante mencionar que a criterio de esta Alzada los mismos simplemente han hecho mención a que los procesados se acusados por hechos concernientes con la asociación criminal y el tráfico de drogas por lo que se deben extremar los cuidados, la seguridad, no manifestando de ninguna manera que los mismos sean culpables de los hechos por los cuales se encuentran acusados y están siendo juzgados”, concluyó la Cámara.
Pese a que la recusación no prosperó, el notorio propósito de la defensa de dilatar el juicio -que ya se encontraba en su etapa final- se logró. Esto es así porque el plazo máximo de interrupción de un juicio se cumplió justamente el día en que la Cámara resolvió la cuestión, ayer 30 de setiembre, situación que obliga a reiniciar el juicio desde cero por disposición del artículo 374 del Código Procesal Penal.
Lo llamativo del caso es que la cuestión planteada por Cubas ya había servido de argumento para que otros acusados (Roberto Lezcano, Francisco Díaz Ibarrola, Darío Bernardo Pinienta y Edgar Daniel Acosta) recusaran al colegiado al inicio del juicio.
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En aquella oportunidad, el planteamiento de la defensa de los agentes fue rechazado por la Cámara, en una resolución firmada a fines de junio del año pasado.
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Recordemos que la recusación ahora descartada fue la segunda presentada cuando el Tribunal se disponía a recibir los alegatos finales del Ministerio Público. Precisamente en oportunidad de rechazar la recusación anterior -radicada por los abogados Águeda Villagra y Carlos Maldonado, defensores del oficial 1° Darío Bernardo Pinienta el día fijado para la presentación de alegatos finales- la Cámara advirtió la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias ante nuevos recursos dilatorios, pero hasta ahora nada.
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Una vez notificadas las partes, el Tribunal de Sentencia deberá establecer para el juicio, que deberá iniciarse desde cero.
La primera convocatoria para el juzgamiento fue el 21 de junio del año pasado, ocasión en que una recusación planteada por los acusados Eduardo Daniel Acosta y Marcial Flores contra el Tribunal de Sentencia en pleno obligó a suspender la audiencia por tiempo indefinido.
Descartada la presentación y a pesar de la gravedad del caso, el Tribunal fijó nueva fecha de juicio recién para el 5 de agosto pasado. La audiencia se desarrolló con pausas que llevaban al límite del plazo, hasta que cuando ingresó a su etapa final, las recusaciones en cadena terminaron por truncar de una buena vez el juicio.
Resulta llamativo que nadie ha sido sancionado aún, pese a las reiteradas chicanas planteadas y el notorio perjuicio para la imagen del Poder Judicial -cuya permisividad en esta causa despierta suspicacias- y no debería extrañarnos si las chicanas persisten sin freno alguno hasta lograr la extinción de esta causa, pues al parecer, todo indica que a eso se encamina.
Antecedentes del caso
La acusación presentada por la fiscala antidrogas Lorena Ledesma sostiene que tras cobrar US$ 200.000 para “liberar” a dos personas detenidas con un camión con 8.622 kilos de marihuana, los uniformados se organizaron para escoltarlos con la droga hasta su destino final, que sería Argentina.
El 10 de mayo del 2017 el grupo fue interceptado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en territorio nacional, en Misiones, ocasión en que se produjo la aprehensión de varios uniformados, mientras que otros fueron incluidos posteriormente en el proceso, tras comprobarse el vínculo con el grupo mediante escuchas telefónicas y otras pruebas ofrecidas por la Fiscalía.
Hay ocho policías y dos civiles acusados
Los acusados son el suboficial mayor Roberto Lezcano Martínez, el oficial inspector Francisco Antonio Díaz Ibarrola, el suboficial mayor Cirilo González Carmona, el suboficial inspector Marcial Flores Gauto, el subcomisario Edgardo Daniel Acosta, el oficial 1º Darío Bernardo Pimienta Estigarribia, el oficial inspector Hugo César Ortiz y el suboficial 1º Osmar Eustaquio Zaracho. Todos afrontan los cargos por asociación criminal, tráfico, tenencia y comercialización de drogas y cohecho pasivo agravado.
En el mismo juicio, son juzgados los civiles que transportaban el cargamento, José Manuel Sugo Dafonte y Joel Leiva Acosta, acusados por tráfico, tenencia y comercialización de drogas.
Suboficial cumple condena por extorsión
Actualmente, Lezcano Martínez, uno de los integrantes pioneros de la División de Investigación de Delitos del área Central, también conocida como Brigada Central, cumple una condena de 15 años de cárcel por “plantar” cocaína a la empresaria Tanya Villalba. El hecho ocurrió el 11 de octubre de 2016 y fue filmado por la víctima.
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Además de Roberto Lezcano, también han sido sentenciados a 15 años de cárcel en el mismo juicio el oficial 1° Gustavo Damián Narváez Gamarra y el suboficial Arnaldo Lezcano Martínez, hermano de Roberto, mientras que el exjefe de la comisaría 11ª de Asunción, Crio. Princ. Sergio Antonio Paredes Vera, fue condenado a cuatro años de pena privativa de libertad.