Cargando...
Tres presidentes en activo y 11 retirados, noventa políticos de alto nivel, congregaciones religiosas y artistas de fama mundial, multimillonarios y hasta el gobernador de un banco central; una constelación de personajes poderosos de Latinoamérica ha hecho uso a lo largo de los años de paraísos fiscales. Pese a habitar la región más desigual del planeta, esta élite ha empleado una telaraña de fideicomisos, sociedades interpuestas y archivos mercantiles opacos en sitios como las Islas Vírgenes Británicas o Panamá para evitar el escrutinio público de una parte sustanciosa de sus bienes. Todo un entramado que ahora, con la publicación de los Papeles de Pandora, sale a la luz. La filtración, obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés), se basa en 11,9 millones de archivos que recogen el trabajo de 14 despachos financieros offshore. Esta masa de información ha sido revisada y contrastada por un equipo de 600 periodistas en el que ha participado EL PAÍS, junto con The Washington Post, The Guardian, la BBC y numerosos medios locales.
Los resultados, de impacto mundial, cobran especial relevancia en Latinoamérica. Como irán publicando en los próximos días este periódico y los otros medios que han participado en esta iniciativa, de los 35 presidentes o expresidentes que figuran en los documentos, 14 pertenecen a esta región. La mayoría son de corte conservador. Entre ellos destacan tres jefes de Estado en activo y que en común tienen haber sido empresarios acaudalados: el chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader. También emergen 11 exmandatarios, siendo los más conocidos los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana.
En el caso del mandatario chileno, en cuya trayectoria empresarial se combinan desde aerolíneas a negocios bancarios e inmobiliarios, la investigación llevada a cabo por los medios chilenos CIPER y LaBot destapa entre sus operaciones offshore un movimiento especialmente controvertido: la compraventa en las Islas Vírgenes Británicas de Minera Dominga junto al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de la infancia. En diciembre de 2010, cuando Piñera llevaba nueve meses en el Palacio de La Moneda, la familia presidencial vendió el negocio a Délano con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes por 138 millones de dólares. El monto debía satisfacerse en tres cuotas, con una salvedad: el último pago dependía de que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas. La decisión de la viabilidad de Minera Dominga quedó en manos del Gobierno de Piñera, que no promovió la protección ambiental con lo que la tercera cuota, finalmente, se pagó. Pese a estas sombras, el gerente de las empresas de la familia Piñera aseguró, al ser preguntado, que el presidente no maneja sus negocios desde hace 12 años, que no fue informado sobre el proceso de venta de Dominga y que la investigación judicial sobre la operación acabó en sobreseimiento.
Otro presidente salpicado por los Papeles de Pandora y que ha sido empresario de éxito, pero esta vez en el sector hotelero, es el dominicano Luis Abinader. Los documentos muestran su vinculación con dos sociedades en Panamá, Littlecot Inc. y Padreso SA. Ambas fueron creadas antes de asumir el cargo y usadas para gestionar activos en República Dominicana. La investigación de El Informe con Alicia Ortega del Grupo SIN apunta a que las acciones de estas sociedades eran inicialmente “al portador”, un instrumento utilizado para ocultar los beneficiarios de las compañías.
En 2015, entró en vigencia una ley en Panamá requiriendo que las empresas divulgaran la identidad de sus dueños y en 2018, los Abinader se registraron públicamente como beneficiarios. Al convertirse en presidente, en 2020, el mandatario declaró nueve sociedades offshore como parte a un fideicomiso revocable, donde el no tiene ninguna participación en la administración del mismo. Tanto él como Piñera recurrieron al despacho OMC Group, con sede en Panamá, el mismo del que es cliente la cantante colombiana Shakira para al menos tres de las sociedades offshore a las que la Hacienda española ha seguido el rastro durante años.
El tercer jefe de Estado en activo que figura en los documentos obtenidos por el ICIJ es Guillermo Lasso, un exbanquero conservador y millonario que en abril pasado logró la presidencia ecuatoriana. El mandatario, según los documentos y la investigación de El Universo, llegó a operar con 14 sociedades offshore (la mayoría en Panamá) y las fue cerrando solo después de que el correísmo impulsara una ley que prohibía a los candidatos ser beneficiarios de empresas ubicadas en paraísos fiscales. En su defensa, el presidente ecuatoriano alega que abrió estas compañías opacas porque la legislación nacional impide a los banqueros invertir en su país. También sostiene que 10 de estas sociedades están ya inactivas; y sobre las otras cuatro niega cualquier relación o beneficio.
Lasso era cliente de Trident Trust, uno de los mayores proveedores de entidades offshore del planeta. Esta compañía suiza es conocida por su discreción en este tipo de soluciones y aparece una y otra vez en las operaciones que destapa a filtración, al igual que el bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que cuenta con una infinidad de clientes en América Latina. Alcogal creó la mayoría de las 78 compañías que usaron los venezolanos acusados de ocultar en cuentas de Andorra 2.000 millones de dólares procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Entre los beneficiarios de este entramado, de acuerdo a la investigación de Armando.info, está una parte importante de la jerarquía chavista.
En Brasil, los Papeles de Pandora apuntan a los dos hombres más poderosos del mundo económico: el ministro del ramo, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. Ninguno de los dos dio a conocer a la opinión pública sus operaciones offshore antes de asumir unos cargos en los que han tenido que tomar decisiones sobre este tipo de inversiones. Este posible conflicto afecta especialmente al ministro de Economía, quien ha llevado adelante una reforma fiscal que ha reducido presión sobre el dinero de particulares en paraísos fiscales.
Guedes, de 72 años, figura como accionista de la empresa Dreadnoughts International Group, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Se trata de una sociedad de las que en el argot financiero se denomina shelf company: firmas que se abren en paraísos fiscales pero que pueden permanecer sin actividad durante años, a la espera de que alguien les dé un destino. Los documentos muestran que el ministro, gurú económico del presidente Jair Bolsonaro y una de las personalidades más polémicas del gigante sudamericano por sus conexiones con la élite financiera, tenía en 2014 al menos ocho millones de dólares invertidos en la compañía, registrada a su nombre, al de su esposa, María Cristina Bolívar Drumond Guedes, y al de su hija, Paula Drumond Guedes. El Ministerio de Economía, como respuesta a la investigación, envió un comunicado a la revista Piauí en el que señala que estas actividades “fueron debidamente declaradas a la agencia tributaria y a los demás organismos competentes, lo que incluye su participación en la empresa Dreadnoughts International Group”. “Su actuación siempre respetó la legislación aplicable y se guió por la ética y la responsabilidad”, indica la nota.
El presidente del Banco Central, Campos Neto, era propietario de dos empresas, Cor Assets y ROCN Limited, ambas registradas en Panamá en sociedad con su esposa, la abogada Adriana Buccolo de Oliveira Campos. El objetivo declarado de las compañías era invertir en los activos financieros del Santander Private Bank, del que Campos Neto fue miembro del consejo ejecutivo. Al igual que Guedes, el presidente del Banco Central afirma que declaró todo su dinero en el exterior a la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, así como a la agencia tributaria brasileña y al propio Banco Central. También insiste en que ha construido su “patrimonio con los ingresos obtenidos a lo largo de 22 años de trabajo en el mercado financiero”.
Colombia es otro de los países donde se advierte un empleo intensivo de la opacidad financiera en las altas esferas políticas. Entre las personalidades que figuran en la filtración destacan dos expresidentes: el liberal César Gaviria Trujillo (con mandato de 1990 a 1994) y el conservador Andrés Pastrana Arango (1998-2002). Ambos, que mantienen una notable influencia política, tocaron a las puertas de estos servicios cuando ya habían dejado el poder. Gaviria constituyó en 2010 con uno de sus hermanos y otros socios una sociedad en Panamá con la que pasó a controlar una firma colombiana relacionada con el sector de los hidrocarburos. Como constata la investigación de Connectas y El Espectador, Gaviria forma parte de la sociedad panameña MC2 desde 2012 junto a su hermano Luis Fernando, quien constituyó la matriz colombiana en 2006. La empresa ha realizado operaciones en el campo de la comercialización, transporte, compresión y almacenamiento de gas natural. El expresidente no respondió a las preguntas del ICIJ, y su hermano, al ser interrogado sobre si estas actividades habían sido declaradas a las autoridades colombianas, señaló: “La información financiera y tributaria está amparada por la reserva documental”.
En el caso del expresidente Pastrana, la investigación muestra cómo el político conservador estuvo vinculado, al menos desde 2016, a una sociedad offshore en Panamá con la que administró parte de su patrimonio familiar. En su defensa, el exmandatario asegura que declaró esta actividad y que el objetivo de los movimientos era “invertir en el extranjero y convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio”.
En Argentina los documentos sacan a la luz los nombres de Jaime Durán Barba, consultor político que catapultó a la presidencia a Mauricio Macri en 2015; y Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem (1989-1999). Por el lado del kirchnerismo, los papeles implican en manejos offshore a Daniel Muñoz (ya fallecido), exsecretario del expresidente Néstor Kirchner, y algunas figuras claves en la causa abierta por la recepción de supuestas comisiones ilegales pagadas por contratistas de obra pública a los gobiernos peronistas.
Mucho más abultado es el resultado de la investigación en México, donde los documentos señalan a más de 3.000 personas. Entre ellas, sobresalen tres de los empresarios más ricos del país: el magnate minero Germán Larrea, la heredera del grupo cervecero Modelo, María Asunción Aramburuzabala, y Olegario Vázquez Aldir, cuyo grupo controla hospitales privados, cadenas de hoteles, aseguradoras y medios de comunicación. Sus fortunas juntas suman más de 30.000 millones de dólares.
Aunque el destino que dieron al dinero fue diferente, coincidieron en usar paraísos fiscales para crear firmas instrumentales con las que operar internacionalmente. Larrea llegó a abrir entre 2013 y 2016 nueve sociedades en las Islas Vírgenes Británicas con las que controlaba, sin dejar apenas rastro, la adquisición de bienes inmobiliarios de lujo en Estados Unidos. Aramburuzabala compró propiedades millonarias en Utah y Nueva York así como dos aviones privados. Y Vázquez Aldir y su entorno, a través de ocho sociedades opacas, se hicieron con yates, un avión y al menos dos mansiones. Ni Larrea ni Aramburuzabala han respondido a las peticiones de aclaración de consorcio de periodistas. Vázquez, a través de su abogado, sostiene que cumple con todas las obligaciones fiscales y legales tanto en México como en el extranjero.
Pero no solo fueron los multimillonarios quienes incurrieron en estas prácticas (legales siempre que no se oculten al fisco). Los Papeles de Pandora muestran como alrededor de determinados centros de poder mexicanos proliferaron personajes que utilizaron intensamente los servicios financieros offshore. Así ocurrió en los círculos próximos al expresidente Enrique Peña Nieto (PRI, 2012-2018) y también en grandes proveedores de la petrolera pública mexicana Pemex, un gigante que actualmente arrastra una deuda de casi 114.000 millones de dólares.
Un personaje político que emerge con fuerza en México es Julio Scherer Ibarra, quien hasta hace un mes era consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2017 figuraba como único propietario de una firma radicada en las Islas Vírgenes Británicas con activos valorados en dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado privado. La compañía era propietaria de una empresa en Estados Unidos poseedora de un lujoso departamento en una exclusiva zona de Miami. La entidad en las Islas Vírgenes quedó inactiva en 2018, el año que Scherer pasó a formar parte del Gobierno mexicano, pero la sociedad en Estados Unidos sigue siendo la propietaria del piso de Miami. Preguntado por estos movimientos, el exconsejero presidencial se ha limitado a señalar que en las fechas en que realizó las inversiones no era funcionario público sino un profesional independiente.