Cargando...
La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso ya recibió una lluvia de pedidos de aumentos de parte de las diversas instituciones públicas, que hasta el momento acudieron a las audiencias para exponer sus planes para el próximo año.
La referida comisión legislativa esta semana culmina la etapa de audiencias y luego se dedicará a elaborar el dictamen que a fin de mes debe elevar a consideración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, instancia en donde se decidirá finalmente el presupuesto 2022.
Lea más: Hacienda dice que se deben respetar los topes establecidos por el Ejecutivo
Desde el inicio de sus actividades la comisión asesora del Parlamento ya recibió solicitudes por más de G. 2,1 billones (US$ 301,9 millones), gastos que se plantean financiar en su mayor parte con recursos del Tesoro (impuestos), además con endeudamiento y recursos que generan las instituciones por el servicio que prestan.
Las solicitudes de las autoridades de las diversas entidades públicas se realizan, principalmente, para aumentar salarios de los funcionarios y para la creación de más cargos públicos dentro de la estructura del Estado, que son considerados gastos rígidos dentro del presupuesto.
Confianza y objeción
El ministro Llamosas al respecto, reiteró ayer a ABC su confianza en que los parlamentarios no aumentarán el gasto y que aprobarán un presupuesto razonable dentro del tope de 92,1 billones (US$ 13.172 millones), como lo vienen haciendo en los últimos años.
Cuando le consultamos qué medidas podrían tomar en el caso de que el presupuesto termine desbordado, teniendo en cuenta los numerosos pedidos planteados ante la Comisión Bicameral y el tiempo electoral que vive el país, señaló que aprobado el plan de gasto definirán las herramientas legales a ser aplicadas para contener.
Llamosas mencionó, en ese contexto, que si no alcanza el plan financiero para controlar el déficit fiscal se tiene la posibilidad de aplicar un veto parcial o veto total de la ley, como se dio para el presupuesto 2017 y 2018.
Lea más: Hacienda quiere recuperar los ingresos perdidos
Explicó que no solo se debe cuidar el tope establecido sino que también los aumentos salariales, porque podría suceder que se haga una reprogramación dentro del límite y se incrementen los sueldos, pero esta medida podría terminar violando la Ley de Responsabilidad Fiscal que establece el nivel de inflación como referencia.
Sostuvo que en su momento definirán qué es lo más conveniente aplicar y, en es sentido, recomendar al presidente de la República, Mario Abdo Benítez (ANR).
El titular de la cartera fiscal indicó que se debe entender que estamos en un año complicado por la pandemia y seguimos en riesgo ante la posibilidad de una tercera ola de covid-19, así como también una eventual sequía que podría afectar de nuevo a la economía.
Cartes vetó PGN 2017
El gobierno del entonces presidente de la República, Horacio Cartes (ANR), aplicó un veto total al presupuesto 2017 que fuera aprobado por el Congreso en diciembre de 2016, tras una serie de modificaciones introducidas, pero principalmente por la limitación impuesta para emitir bonos del soberanos y que, según argumentaron en ese momento, podría afectar el pago de la deuda.
El veto fue aceptado por el Parlamento y en enero de 2017 entró a regir de nuevo el presupuesto del año 2016. Al año siguiente, Cartes volvió a aplicar un veto parcial al presupuesto 2018, porque se aumentaron salarios de docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), personal de Salud Pública, funcionarios de ANDE e INC, pero esta vez no prosperó porque fue rechazado por el Parlamento.
Lea más: Cartes veta el Presupuesto