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En reiteradas ocasiones se intentó conversar con el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, para conocer las medidas a tomar con relación al representante de la institución y presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortíz Báez, y hasta el momento se mantiene al margen y no hay reporte de que lo haya investigado a profundidad. Al principio de este mes, en conferencia de prensa, anunció que pidió informes referente a las denuncias de irregularidades en la gestión y brindará una opinión al respecto al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Hacienda se respalda en varios dictámenes de Abogacía del Tesoro que sostienen que la Conajzar cuenta con “autonomía funcional”. Uno de ellos es el N° 303, en el que respondió a Conajzar cuando ésta le preguntó si podía reducir el canon a concesionarias; otro estuvo dirigido a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), N° 569, en la que concluyó por “términos lógicos y jurídicos que el Ministerio de Hacienda no se constituye superior jerárquico de la comisión”, por lo que “carece de potestad disciplinaria para imponer sanciones a los miembros de la citada comisión en caso de violaciones a sus obligaciones...”.
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Sin embargo, la misma institución, en 2010, dirigida entonces por Dionisio Borda, mediante Resolución N°32, dispuso la “instrucción de sumario administrativo a Cristhiant Vera Vázquez, funcionario de la Comisión Nacional de Juegos de Azar de este ministerio”. Mediante el Portal de Acceso a la Información Pública (AIP), exp. N° 44578, se solicitó el resultado de la citada investigación y se supo que no se ejecutó pero solo debido a que el afectado renunció al cargo.
En 2010 con argumentos, en 2021 hay “autonomía funcional”
Borda se basó en lo que establece la Ley N° 1.626 de la Función Pública para la apertura del sumario. Conforme se describe en la resolución que firmó, se menciona las obligaciones de los funcionarios (Art. 57) y en caso de violaciones (Art. 68), están entre las consideradas como “faltas graves” la malversación, retención o desvío de bienes públicos y comisión de hechos punibles tipificados en el Código Penal contra el Estado y las funciones del Estado, los cuales eran “faltas imputadas al funcionario y que de comprobarse, lo haría pasible de medidas disciplinarias previstas en el artículo 69 del citado cuerpo normativo, que son suspensiones y destitución o despido, con inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos a cinco años”.
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Al respecto, la actual administración de Hacienda respondió que a Vera se le sometió a sumario porque era funcionario de carrera, mientras que Ortiz fue designado en 2018 por el presidente Abdo Benítez en cargo de confianza. De esta respuesta se puede concluir que Hacienda en realidad está protegiendo a la máxima autoridad de Conajzar, José Ortíz, porque la Ley de Función Pública, en el artículo 11, establece que se aplica el mismo régimen general de los funcionarios de carrera a aquellos que ocupan cargos de confianza.
Diversas irregularidades
Senadores denunciaron ante la Fiscalía las anomalías encontradas en la gestión actual de Conajzar. Se puntualiza como críticas: la adjudicación de la explotación de la quiniela a la empresa TDP SA, del expresidente Juan Carlos Wasmosy, a pesar de ser morosa con el fisco; la “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos y la reducción del canon a concesionarias de juegos de azar durante la pandemia, medida que representó una caída de los recursos de la Diben para asistencia sanitaria.
La investigación está a cargo de la fiscala María Estefanía González, quien solicitó una serie de documentos a diversas institución, pero no dio más detalles al respecto.
¿Quién es Cristhiant Vera?
El expresidente de Conajzar habría renunciado al cargo para evitar la investigación de la Unidad de Investigación Interna (UII) por la falta de pago de G. 4.921 millones correspondientes a aproximadamente 11 meses por parte de la firma “Casino Entertainment Limited SA”, entonces concesionaria del casino en Lambaré, configurándose un grave perjuicio al Estado. En ese entonces no se había detectado que las autoridades anteriores de Conajzar hayan iniciado la ejecución de la póliza o el juicio ejecutivo.
Patricia Marchewska reemplazó a Vera y lo denunció ante la Fiscalía por haber causado un perjuicio al Estado por G. 1.617 millones, por no informar a una compañía aseguradora la situación de mora en que se encontraba la licenciataria para la explotación. La investigación estuvo a cargo del entonces fiscal René Fernández, actual ministro de Senac, quien solicitó el sobreseimiento definitivo alegando que la citada notificación no correspondía que Vera la haga.
Actualmente, Vera se desempeña como asesor jurídico de iCrop SA, cuyo representante legal es Ariel Peña Flores, firma beneficiada con un contrato directo para “regularizar” las tragamonedas del país que funcionan en despensas, bares y otros comercios no exclusivos de juegos de azar. La autorización la obtuvo con la Resolución N° 34/2020, con la cual la habilita “legalizar” las máquinas en sitios prohibidos.
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Luis Alberto Gama, asesor en juegos de azar y exdirector de Casinos, Loterías y Quinielas del Estado de Uruguay, afirmó a ABC que Paraguay es el único país de la región que “legaliza” el uso de estas máquinas en las calles. Comentó que en su país está discusión el tema pero que desde el Estado hay resistencia debido a la falta de mecanismos para el control y transparencia de la recaudación y sobre todo, por el peligro que representa para la salud de caer en el adicción a las apuestas.
La Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) entregó un reporte técnico al Ministerio de la Niñez, presidida por Teresa Martínez, en el cual alerta la exposición a las apuestas a los niños y adolescentes y a la fecha no responde y se desconoce alguna medida que haya hecho la institución para proteger a la citada población.
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El Congreso sospecha que se trata de la creación de una estructura para obtener recursos de manera ilícita y para lavar dinero, ya que la ley prohíbe el uso de tragamonedas en sitios de libre acceso y se podría registrar máquinas “fantasma” para justificar ingresos. Además, se cuestionó el monto de las gestiones de iCrop.
