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Núñez conversó este miércoles con ABC Cardinal y dio por sentado que habrá votos de sobra para aprobar el proyecto de ley que modifica el artículo 142 del Código Penal, sobre invasión del inmueble ajeno.
El documento en cuestión, que ya fue aprobado por el Senado la semana pasada, prevé elevar la pena carcelaria de cinco a 10 años.
La situación generó la movilización de los sectores campesinos e indígenas, sindicados con frecuencia como las agrupaciones que realizan estas invasiones no solo en el interior del país, sino también en la zona de Asunción y Central. Varios de estos, vándalos e inadaptados, quemaron vehículos y motocicletas estacionados en las adyacencias del Congreso durante la manifestación que llevan adelante.
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“Me estoy enterando a través de los medios; estábamos en reunión virtual de bancada. Con más razón tenemos que tocar, no tenemos que amilanarnos ante esta situación. La violencia en inmediaciones del Congreso es violencia fabricada. Ellos saben que tenemos mayoría. En Diputados nos declaramos defensores de la propiedad privada”, dijo Núñez este miércoles.
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Votarían a favor de la aprobación de la “Ley Zavala”
El legislador sostuvo que tienen una “base” de 60 votos por la aprobación, con lo que se sancionaría con holgura el proyecto en cuestión. “Tenemos una base de 60 votos, podría ser por unanimidad (...) Estimo que unos 40 diputados estarán de forma presencial y el resto de forma virtual”, añadió.
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El tratamiento del documento está previsto como primer punto del orden del día de hoy. El artículo que prevé modificarse y en consecuencia aprobarse, el 142, señala como texto definitivo acerca de la invasión del inmueble ajeno: “El que individualmente o en concierto con otras personas ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años”.
Asimismo, cuando la invasión en el sentido del numeral anterior se realizara con el objeto de instalarse en éste u ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, la pena privativa de libertad será de hasta diez años.