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La responsable del Indert, Gail Gina González Yaluff, reportó que en el interior del país aún se registran incidentes, por ejemplo, en localidades como Yasy Kañy, donde una turba corrió al funcionario que estaba en la oficina regional del Indert, y le prendió fuego al recinto, comentó.
Lamentó que se haya llegado a este extremo de violencia y actos de vandalismo, y sostuvo que no se justifica llegar a este punto por la lucha social.
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Recordó que al quemar oficinas, camiones, camionetas etc, del Estado, están quemando “plata del pueblo”.
“Me pueden quemar a mí pero no van a solucionar, aquí hay que cumplir la ley, nosotros, ellos, todos”, sentenció la alta funcionaria.
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“Hay gente que está 20 años en una fracción”
Al consultársele su opinión sobre la ley sancionada este miércoles, que eleva las penas para los ocupantes de tierras, respondió que el Ministerio Público y el Poder Judicial deben actuar de inmediato en caso de invasiones, y no esperar mucho tiempo a reaccionar cuando se hacen las denuncias.
Ejemplificó que hay gente que hace 20 años está en una fracción y que incluso se arraigan por medio de inversiones hechas por el Estado (escuelas, pozos artesianos) sin que se ejecute nunca el desalojo.
Consideró que “la ley siempre estuvo”, pero el tema era aplicar la sanción. Agregó que la nueva ley es innecesaria, porque ya existen sanciones y no se aplican.
“Algunos no quieren solución”
Al ser requerida sobre si el aumento de la pena podría solucionar el problema de las ocupaciones, respondió que solucionaría “para aquellos pseudo dirigentes campesinos que buscan su beneficio personal mintiéndole a la gente que necesita un pedazo de tierra y les hacen la liga e invaden. Pero hay gente que lucha por un pedazo de tierra y hace el trámite por los conductos legales; no creo que esas personas que hacen institucionalmente una gestión tengan problemas”, opinó.
Criticó que generalmente los que atropellan propiedades “son aquellos que no quieren luego solución, que solo buscan el bochinche, porque viven de eso”.
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En cuanto a los reportes relacionados a tierras reclamadas, Yaluff respondió que oficialmente existen 800 órdenes de desalojo, pero esas son de hace varios años y no se ejecutaron. Detalló que desde el año pasado a esta fecha no tiene información de que se hayan invadido propiedades privadas a gran escala.
Compradores de buena fe
Respondió que tienen registrados los antecedentes de las tierras que se han expedido y que algunas se podrían recuperar, pero es necesario hacer un estudio caso por caso.
No obstante resaltó que también se debe tener en cuenta que ya hay terceros o cuartos adquirentes de buena fe, “porque los generales, militares, etcétera, que las adquirieron en el pasado, ya las vendieron e incluso sus herederos las vendieron”, explicó.
Al planteársele si es posible establecer un acuerdo nacional para plantear estos temas, recordó que tiene conversaciones con organizaciones campesinas,”pero el problema es cuando mezclan ideología con la verdadera necesidad de la gente”. “Algunos tienen un chip ya preparado, no cambian de idea”, criticó.