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En junio de 2020, los concejales liberales Benita Jara, Atilio López, Derlis Larrosa, Laura Moreira, Adrián Vaesken, Roque Ávalos, Daniel Ferreira Jorge Rolón y Dilio Ortiz, además de la edil cartista María Sixta Estigarribia, hoy leal y defensora acérrima del gobernador Hugo Javier, solicitaron a la Contraloría General de la República (CGR) auditar el ejercicio fiscal 2019 de la Gobernación del Departamento Central, debido a que Hugo Javier González contrató a las ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez Cristaldo, y Plantemos Consciencia de Esteban Álvarez Quevedo, para ejecutar todos los servicios de la institución departamental.
El presupuesto general de la Gobernación en 2019 fue de G. 152.945 millones, de los cuales G. 95.163 millones corresponden al rubro de transferencias y otros G. 18.676 millones al rubro de inversión física.
Desde que el cartista Hugo Javier asumió al cargo, tercerizó todos los servicios “puenteando” licitaciones a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). En varias ocasiones el exanimador de fiestas fue consultado por qué no llamaba a licitación y se excusó siempre diciendo “que fue por la emergencia de los casos”.
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Cronología de la “investigación”
Las millonarias transferencias fueron hechas en 2019. En junio de 2020 los concejales departamentales solicitaron a la CGR auditar el ejercicio fiscal 2019, pero ante la falta de respuestas reiteraron el pedido en julio del año pasado.
Recién el 20 diciembre de 2020, la Dirección de Rendición de Cuentas de la CGR realizó “un examen de cumplimiento” (control documental); sin embargo, recién luego de las publicaciones periodísticas hechas por este medio sobre el caso, la Contraloría notificó al gobernador Hugo Javier el 4 de febrero de ese año sobre los hallazgos en el análisis documental.
Hugo Javier tenía solo cinco días para presentar su descargo y posterior a esta diligencia la CGR debió expedir informe final del examen a más tardar en abril del año pasado, según lo manifestado en ese entonces por el director de Rendición de Cuentas, Mario Florenciáñez. Pero, hasta hoy, no existe ninguna conclusión.
Hallazgos
Por ejemplo, la fundación Centro Integral de Apoyo y Promoción Profesional (CIAP) recibió más de G. 6.539 millones, otra ONG llamada Plantemos Consciencia recibió más de G. 2.119 millones, los Centros Educativos Departamentales Municipales recibieron más de G. 6.471 millones, al igual que el Consejo Regional de Salud del Departamento Central que recibió más de G. 2.278 millones, además de una Comisión Nacional de Organizaciones Populares, que recibió G. 657 millones y la Asociación Ecodesarrollo que obtuvo G. 280 millones.
En un informe preliminar se reclama la falta de “cumplimiento a la presentación del listado de entidades sin fines de lucro beneficiarias de transferencias correspondientes al ejercicio fiscal 2019″. También se observó la emisión de forma consecutiva de cheques, en un mismo día, a favor de la fundación CIAP. Este procedimiento viola las normativas relacionadas a la ley de Presupuesto General de la Nación (PNG), afirmó Contraloría. Pues, la fundación recibió otros desembolsos antes de rendir cuentas por la primera transferencia.
Nueva auditoría
Semanas atrás consultamos a Florenciáñez, ahora exdirector, sobre el atraso del informe final del examen de cumplimiento, y el funcionario contestó que dicho examen se convirtió en auditoría y aseguró que existen hallazgos “importantes”. Esta auditoría es paralela a la otra sobre el uso de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones, cotización equivalente a finales de 2020), que el ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central para la reactivación económica del departamento.
“En el 2019 encontramos que la Gobernación de Central recibió la suma de G. 19.000 millones para hacer los diferentes trabajos (de infraestructura y capacitaciones, entre otros). Hemos auditado todo ese rubro y actualmente estamos por quitar el informe final respecto a eso”, explicó Florenciáñez semanas atrás.
Agregó que “fueron ejecutados más del 85% de los G. 19.000 millones que recibieron en el 2019. De ese monto obligaron G. 18.000 millones y pagaron G. 17.000 millones”. El informe preliminar al cual tuvo acceso nuestro diario refiere que el 60 por ciento de los G. 18.000 millones desembolsados carece de documento respaldatorio. Es decir, las ONG no justificaron en qué gastaron G. 9.288 millones.
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CIAP siguió recibiendo dinero
La ONG CIAP del árbitro de fútbol Tadeo Álvarez recibió de la institución departamental en febrero de este año la millonaria suma de G. 5.105 millones, parte del millón de dólares investigado, para hacer obras de infraestructura y mantenimiento de espacios públicos, sin estar habilitada para el efecto. Las obras fueron hechas sin el control de profesionales como arquitectos, ingenieros y fiscalizadores.
En su rendición de cuentas aparecen numerosas facturas clonadas, de empresas que no existen en las direcciones declaradas, comprobantes de pagos donde no coincide el rubro de la empresa con el servicio adquirido, entre otros. Las anomalías fueron detectadas por la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac), de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y de Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE).
Vaesken y Ávalos sostienen que tanto la Fiscalía como la CGR “son cómplices” del gobernador de Central y afirman que penosamente la investigación apunta a un “posible blanqueo” a favor del número 2.