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Desde hace varios meses unas 260 personas ocupan el predio, incluso tienen instaladas algunas viviendas y cultivos incipientes de maíz y mandioca. “Venimos con el propósito de quedarnos en este lugar, como paraguayos tenemos derecho a un pedazo de tierra”, sostuvo el presidente de la comisión vecinal Santa Inés, Ignacio Benítez Rojas.
Los ocupantes incluso efectuaron una suerte de loteamiento, y se autodistribuyeron los lotes, con el objetivo de afianzar la ocupación.
El predio en cuestión tiene unas 3.300 hectáreas, de las cuales 1.500 son un área mecanizada. El propósito de los campesinos es que esas 1.500 hectáreas sean parceladas y distribuidas entre las 260 cabezas de familia que integran la comisión, con el compromiso de que no tocarán la zona boscosa que ocupa la mitad del polígono.
Mientras compatriotas estamos sin un lugar donde vivir y trabajar, estas tierras, que son de un ente del Estado, el Banco de Fomento, son alquiladas a productores de soja brasileños, y la misma empresa agroganadera se dedica a sacar madera del monte, sostienen.
Las tierras en cuestión se encuentran al borde del río Tebicuary, en el límite con el departamento de Caazapá, dentro del distrito de Alto Verá, dentro del área de reserva forestal del San Rafael.
Desafectación
De acuerdo a lo manifestado por el abogado Ibáñez, la comisión vecinal está promoviendo la desafectación del predio de 3.300 hectáreas, y su posterior transferencia al Indert, para que a través de dicha institución se venda a los reclamantes.
Tenemos conocimiento cierto de que estas tierras son del BNF. En el 2002 el banco le vendió la finca número 974, en ese entonces inscripto en San Juan Nepomuceno (Caazapa), actualmente distrito de Alto Verá, a una empresa de maletin encabezada por un ingeniero de nombre Antonio Ibarra Llano, quien hizo una primera entrega, pero nunca canceló la deuda, al punto que hasta ahora no tiene el título de propiedad transferido a nombre de la agroganadera, afirmó.
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Agregó que los dueños de la empresa comenzaron a demontar, y continúan cortando árboles, situación que fue constatada durante una intervención del fiscal ambiental, Rubén Lial, recientemente, agregó. Incluso el Mades le aplicó una fuerte multa por daño ambiental, dijo.
Finalmente, Ibáñez señaló que existen elementos valederos para pedir la desafectación y se conceda la desafectación del predio, trámite que será encaminado en la Cámara de Senadores. Ese es el primer paso que se necesita concretar, luego el Indert se ocupará de la mensura y parcelamiento de la tierra, puntualizó.
Acusaciones recíprocas
El propietario de la agroganadería Don Felipte SRL, Antonio Ibarra Llano, por su parte, rechazó que tenga pagos pendientes por las tierras. Está todo pagado, y en proceso de titulación, afirmó.
Rechazó que esté sacando rollos y que haya sido sancionado con una multa por delito ambiental. Yo los denuncié porque están sacando madera en tractores, todo el tiempo. Cuando fue el fiscal pudo constatar la destrucción que está provocando, afirmó.
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Respecto de una pretendida desafectación, dijo que el predio está en una zona de reserva para parque. Ni aunque quiera le puede vender al Indert, porque eso no está permitido por la ley, explicó.
Ibarra Llano calificó a los campesinos como peligrosos y delincuentes que solo están interesados en sacar la madera. Sostuvo que la mayoría son vecinos que tienen sus fincas y casas por los alrededores de Lima, en Caazapá, y no son campesinos sin tierra como afirman, y los calificó de invasores de su propiedad.