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El senador Juan Bartolomé Ramírez insistió en que no realizó un pedido de exoneración a la Ande. Señaló que en el listado de exoneraciones aparece su nombre como beneficiario, pero no corresponde a su residencia lo que evidencia que la administración de la institución encargada de suministrar energía eléctrica debería realizar ajustes para aplicar medidas similares, sobre todo teniendo en cuenta que afecta la recaudación. “Mi residencia está en Pedro Juan Caballero y tengo también una oficina en Asunción, estoy al día con mis pagos de ambos sitios. No solicité exoneración alguna”, afirmó ayer el senador.
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Sin embargo, luego reconoció que tiene una propiedad en alquiler a su nombre y estimó que sería la exoneración correspondiente a ese medidor, por lo que la inquilina es quien fue beneficiada y no precisamente él, que es el titular de la casa. “Debería haber una diferenciación, creo que sería un trabajo más sensible, porque sería separar las propiedad de residencias de sitios donde uno figura como locatario”, opinó.
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Florentín: “con gusto voy a pagar o devolver”
Por su parte, el senador Amado Florentín, respondió que siempre paga la cuenta de su domicilio e inmediatamente facilitó dos copias facturas de la Ande con el ticket de pago correspondiente, uno de su vivienda en Valenzuela y la otra, Capiatá. “Solicité que se revisen los montos y a qué corresponden las supuestas exoneraciones y si hay algunas, con gusto voy a pagar o devolver, o en el concepto que se requiera”, afirmó. Las declaraciones las brindó luego de que el titular de la institución, Félix Sosa, declaró que existe la posibilidad de que los beneficiarios cumplan con el pago correspondiente.
“No tengo ningún inconveniente, si se confirma alguna exoneración, si se dio en algún medidor a mi nombre y que sea de mi uso”, recalcó Florentín.
El “Tigre” dice que desprolijidad de la Ande mancha su nombre
El gobernador de Canindeyú, César “Tigre” Ramírez Caje, mencionó que no fue beneficiado con la exoneración, si no que estimó que se trataría por una residencia que tenía en Lambaré y que hace tiempo vendió, pero que no realizó la transferencia del título de propiedad; y el otro, es un salón que alquila pero que está a su nombre, que “en caso de que se considere devolver el monto correspondiente por la exoneración, debería abonar el responsable del alquiler”.
Lamentó que su nombre y su imagen sean afectados por una desprolijidad de la Ande, ya que se encuentra al día con los pagos, y que incluso le vino más caro de lo habitual, aseguró. “La Ande tiene que hacerse cargo de esta situación”, aseveró.
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Concejales del interior del país
Ligia Noria Duarte, de la Junta Municipal de Canindeyú, envió copias de los reportes con los montos que corresponden al valor del servicio y que superan los G. 700.000, con lo que pretendía demostrar que no cumplía el requisito de G. 222.000 como tope de facturación para acceder al beneficio de la estatal. “En pandemia aumentó el monto a G. 2.000.000 y reclamé, tuve que fraccionar para poder pagar. No entiendo el motivo del aumento porque no tengo electrodomésticos y vivo sola, no tiene explicación”, dijo.
Su colega Diosnel Colmán también fue otro beneficiado a quién se le contactó por mensaje y luego de precisar el motivo de la entrevista, ya no respondió mensajes ni llamadas.
También se contactó con el Gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken, y no se tuvo respuesta, tampoco del concejal departamental de la misma zona Elvio Benítez. Otros beneficiarios que tampoco dieron su versión, son concejales departamentales pero de Paraguarí: son Aníbal Antonio Oliver Lombardo y Braulio Moreno González.