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Las declaraciones juradas de la empresa iCrop SA, representada por Ariel Peña Flores, a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Antonio Ortiz Báez, evidencian que María Mercedes Zarza Delvalle y su marido Ariel Vera, hermano del expresidente de Conajzar, Cristhiant Vera, son los responsables de la recaudación del 55% del cobro del canon de tragamonedas que funcionan en sitios no exclusivos de juegos de azar, en el periodo de junio de 2021. Se trata de una gestión hecha en el marco del plan de “regularización” de las máquinas que funcionan en bares, bodegas, despensas y otros comercios, autorizado por Conajzar mediante una simple resolución interna tachada de ilegal por varios abogados consultados.
El dato de la cantidad de máquinas censadas y por las cuales se cobró canon a los locales se supo mediante la información proporcionada por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), a través del expediente AIP N° 46.138, en el cual se proporcionaron los documentos analizados por dicha institución, que derivó en la Resolución N° 167/2021 que calificó de ilegal el contrato entre iCrop y Conajzar. Senac, además, calificó con “cero” a Conajzar en materia de transparencia.
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En el legajo se encuentran las declaraciones juradas mensuales de iCrop. La última es de junio y detalla que en 6.647 locales se censaron 17.117 tragamonedas y de estas, están catastradas 1.279 máquinas (facsímil).
En dicho listado se aprecia que María Zarza, como “agencia” de iCrop, visitó 2.897 locales, contabilizó 6.119 máquinas y gestionó el canon de 703 máquinas en Asunción, Guarambaré, J. Augusto Saldívar, San Lorenzo, Ñemby, Villa Elisa e Ypané, además de otras ciudades que abarca con el Grupo Mercantil SA, firma que representa sus actividades junto con su marido, conforme se pudo confirmar con documentos a los que accedió ABC.
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De esta manera, y teniendo en cuenta que la gestión por cada máquina es de G. 300.000 mensual, Zarza recaudó G. 211 millones y de ese monto, apenas G. 61 millones habría quedado al Estado. Es decir, en poder de la pareja se quedaron G. 150 millones.
El ránking de agentes de iCrop sigue con Ana Valera, de la firma Lydia Ludic SA, con 230 tragamonedas catastradas; Florencio Ferreira, de Onex Group SA (Itapúa), 135 máquinas; Juan Escobar, 116; José Alfredo Leguizamón, 30, y Ricardo Flecha (San Pedro), 65. El cuadro revela la expectativa de recaudación con las máquinas censadas, que en algunos casos, es alta.
Conajzar destina fortuna en asesores y pisotea leyes
En el portal de Contrataciones Públicas se constató que el año pasado, Conajzar contrató para asesoría jurídica a Welser Rodrigo González Carballo (ID. 375.343) y Jorge Augusto Zárate Leiva (ID 373.352), ambos mediante contratos directos, sin concurso, por G. 105 millones y G. 96 millones, respectivamente, en junio del 2020. Es decir, ambos mantenían contrato vigente para asesorar aspectos referentes a la Ley N° 1016 de Juegos de Azar cuando se firmó la cuestionada Resolución N° 34/2020, que establece la “regularización” y explotación de tragamonedas a cargo de iCrop. La medida es calificada por la Contraloría y la Secretaría Anticorrupción (Senac) como ilegal. Se intentó conversar con ellos pero ninguno contestó las llamadas.
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Incumple tope de 3 máquinas por local
El detalle de declaración jurada desnuda el nulo control de Conajzar a la firma iCrop para cumplir su propio contrato, referente al tope de 3 tragamonedas por comercio. Por ejemplo, en San Lorenzo, ciudad conocida ya como “Las Vegas’i”, se aprecia que con 24 locales se contabilizaron 229 máquinas, es decir, se reporta casi diez máquinas por cada comercio. De esta manera, se confirma que el objetivo de iCrop y Conajzar es recaudatorio y letra muerta la supuesta intención de proteger a niños de caer en la ludopatía.
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