En reiteradas ocasiones el exdirector de la Dirección de Rendición de Cuentas de la CGR, Mario Florienciáñez, dijo que la auditoría duraría 45 días; sin embargo, ya pasaron casi cinco meses del escándalo de las facturas clonadas y otras irregularidades, hoy respaldadas con suficientes documentaciones, y dicha revisión especial no culminó.

Días atrás el nuevo titular de esta dependencia, el director Emilio Ferreira, no supo explicar el motivo del atraso para la emisión del informe final, pero aseguró que “a fin de mes de setiembre”, habría novedades. De cumplirse lo manifestado por Ferreira, recién y coincidentemente, se obtendrá el resultado luego de las elecciones municipales del próximo 10 de octubre.

Según fuentes, la auditoría de la CGR “no culminó” aún de propósito, para “no dañar la imagen de Partido Colorado antes de los comicios”. Al respecto, Ferreira negó la presunción.

Hoy, intentamos nuevamente hablar con Emilio Ferreira sobre el retraso para la culminación de la auditoría, pero no atendió las llamadas a su celular y tampoco respondió los mensajes enviados a su WhatsApp.

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Los hechos investigados

El Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez, recibió de la institución departamental la millonaria suma de G. 5.105 millones para hacer obras de infraestructura y mantenimiento de espacios públicos. En su rendición de cuentas aparecen numerosas facturas clonadas, de empresas que no existen en las direcciones declaradas, comprobantes de pagos donde no coincide el rubro de la empresa con el servicio adquirido, entre otros.

El Consejo Regional de Salud, presidido por Hugo Cabrera, recibió G. 1.276 millones para ayudar a hospitales durante la pandemia. En su rendición aparece una factura de un taller mecánico por G. 593 millones, de donde supuestamente se compraron mobiliarios hospitalarios.

Las anomalías detectadas por los auditores de la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac), de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y de Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), son innumerables y contundentes.

CGR y Fiscalía cómplices

Los concejales departamentales liberales Adrián Billy Vaesken y Roque Ávalos fueron los primeros en denunciar el caso de facturas clonadas que aparecen en la rendición de cuentas de Hugo Javier, utilizadas para justificar el uso de G. 6.382 millones.

Los ediles sostienen que tanto la Fiscalía como la CGR “son cómplices” del gobernador de Central y afirman que penosamente la investigación apunta a un “posible blanqueo” a favor del número 2. “Mientras un colorado investigue a otro colorado no pasará nada”, sostuvo Ávalos.

Por otra parte, valoraron el trabajo de la Senac, de la SET y de AGPE, cuyos auditores obtuvieron vergonzosos hallazgos en torno al gasto de US$ 1.000.000.

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Ni un solo imputado

El ministro René Fernández, titular de la Senac, manifestó en más de una ocasión que existen suficientes elementos para una eventual imputación y además dijo que hay innumerables indicios que conjugan “una lesión de confianza”.

Sin embargo, los fiscales de la causa Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera, hasta la fecha no procesaron a nadie. Los mismos realizaron tardíos allanamientos en la sede de CIAP y la Gobernación, donde los funcionarios prácticamente esperaban la llegada de los intervinientes.

Semanas atrás, el agente Estigarribia dijo que la investigación se encuentra “en la etapa final”.

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