El exanimador de fiestas Hugo Javier, repartió el millón de dólares a dos organizaciones “sin fines de lucro”. Una es la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez, que recibió G. 5.105 millones y la otra es el Consejo Regional de Salud, presidido por Hugo Cabrera, que recibió G. 1.276 millones.

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Senac y AGPE, detectaron en la rendición de cuentas facturas clonadas, facturas con fechas anteriores a las transferencias hechas por la Gobernación a las ONGs, comprobantes de empresas que no existen en las direcciones declaradas, supuestas compras de comercios cuyo rubro no coinciden con el artículo vendido, obras hechas antes de las trasferencias del millón de dólares, construcciones realizadas en predios privados, falta de planos y certificaciones de obras, entre otras anomalías.

La SET y Senac denunciaron el caso ante el Ministerio Público el 8 de julio, pero hasta la fecha nadie fue procesado. Según la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, el fiscal Rodrigo Estigarribia, quien investiga el hecho, “necesita más tiempo”, para encontrar al responsable del despilfarro e imputar a alguien. Por su parte, el agente Estigarribia dice que la “investigación está en la etapa final”, pero se sospecha que no habrá imputación alguna antes del 10 de octubre, día de las elecciones municipales, “para no dañar la imagen del Partido Colorado”, según fuentes.

Descargo del Nº 2

El gobernador Hugo Javier, exanimador de fiestas época donde se ganó el seudónimo de “el Nº 2″, insiste en “todo está bien”. Respecto a las aberrantes observaciones que aparecen en el informe preliminar de la auditoría realizada por la Senac y AGPE, el gobernador de Central alegó en su descargo que todo se trató de “un error involuntario” y culpó a “personas innominadas” de presentar documentos falsos tratando de dañar el prestigio, principalmente, de la ONG CIAP y de la Gobernación.

El cartista, si titubeo alguno, afirmó que “no se identifican documentos de contenidos falsos, tampoco se identifican inconsistencias tributarias, contables ni administrativas”.

Auditores refutaron el descargo

Senac y AGPE, sostienen que existen innumerables hechos que bastan para librar una imputación contra los responsables del despilfarro. Además aseguran que hay suficientes indicios para configurar una lesión de confianza. Afirmaron también que, el gobernador Hugo Javier “no controló” las transferencias hechas a CIAP y a Consejo de Salud.

En cuanto al descargo del número dos, indican que “resulta pertinente realizar un recuento sucinto de todo el detalle de las inconsistencias referidas y la documentación que se ha acompañado a la denuncia penal presentada ente el Ministerio público y que sustentan los hechos descriptos”.

Los auditores sostienen que la Gobernación de Central reemplazó varias facturas para presentar una segunda rendición de cuenta ante AGPE. La diferencia entre la primera rendición presentada ante la Contraloría General de la República (CGR) y la segunda entregada a AGPE, es de más de G. 1.600 millones. Además se afirma en el informe final de la auditoría, que la rectificación hecha ante la CGR no es válida e insisten en la clonación de facturas.

Los auditores se ratificaron también en que el Consejo Regional de Salud opera irregularmente, ya que no está reconocido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). Sin embargo, Hugo Javier, señaló que el Consejo tiene reconocimiento de la Gobernación y también la acreditación del Instituto de Bienestar Social (IBS), otra dependencia del Ministerio.

Árbitro certificó obras

Tadeo Álvarez Cristaldo, presidente y fundador de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), de profesión árbitro de fútbol, firmó todos los certificados de ejecución de las obras que fueron pagadas con el fondo de emergencia por covid-19. Dichos documentos correspondían ser firmados por un ingeniero civil o arquitecto.

Álvarez certificó por ejemplo el asfaltado para el acceso al Consejo Regional de Salud y Parque Sanitario que costó más de G. 390 millones, pero, lo más descabellado en este caso es que la obra ya fue hecha en octubre de 2020 y no en enero del2021 como quiso hacer creer el gobernador Hugo Javier. Es decir, ya fue pagado con otro fondo.

Álvarez, también certificó las construcciones de contrafuertes, de un baño sexado en un predio privado para una asociación de profesores, de un muro de contención, de un canal de desagüe a cielo abierto, la aislación de terraza, la reparación de cielo raso, construcción de muralla perimetral, reparación y reposición de parque infantil, construcción de una ciclovía y mantenimiento de espacios públicos. Todo costó más de G. 1.360 millones.