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Mediante un reporte solicitado a través del Portal de Acceso a la Información Pública (AIP), expediente N° 47483, se supo que la oficina de la Municipalidad del Este, cuyo intendente es Miguel Prieto, no recibió notificación referente a la explotación de tragamonedas de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Antonio Ortiz Báez, ni el informe que califica de ilegal esa decisión de la Contraloría General de la República (CGR). De esta manera, asegura que pese a las publicaciones periodísticas y la interpelación al presidente de Conajzar en el Congreso por irregularidades, no se da por enterado de la Resolución N° 34/2020 con el cual la reguladora de juegos de azar autoriza a iCrop SA a “regularizar” y explotar las citadas máquinas en locales de libre acceso, gestiones a cargo de la empresa iCrop SA (representada por Ariel Peña Flores), “por lo tanto, el municipio no reconoce a la firma iCrop SA”, se informa en la respuesta obtenida a través de AIP.
En el citado documento, se aprovecha para informar que la comuna cuenta con la reglamentación del uso de tragamonedas, N° 13/2021, y que actualmente se encuentra elaborando un proyecto para la inclusión a la ordenanza tributaria para su posterior regularización y cobro por las máquinas.
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De esta manera, se comprueba que la citada ordenanza del 26 de marzo del 2021, describe que permite el uso de las máquinas en sitios no exclusivos de juegos de azar, además de especificar en qué consiste el juego, clasifica las máquinas e incluso establece aspectos similares a la resolución de Conajzar, como el cobro del canon de un jornal mínimo diario mensual por máquina (G. 88.051), el cual se puede abonar de manera trimestral, semestral o anual, y que lo recaudado se distribuye como lo establece la Ley N° 1016/97 de juegos de azar, que es 30% para los gobiernos municipales afectados por los juegos de azar, mismo porcentaje para gobiernos departamentales y la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y 10%, Tesoro Nacional.
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Por otra parte, con este reporte, CDE se suma a las municipalidades que no reconocen las actividades de iCrop SA y sus subcontratadas, entre las que se encuentran Asunción, Capiatá y San Lorenzo. Semanas atrás, el intendente de Carapeguá, Carlos Amarilla, interrumpió a empleados de iCrop cuando entregaban notificaciones a comerciantes con el cual se les invita a “regularizar” el uso de tragamonedas. La máxima autoridad comunal de esa ciudad le advirtió que sus gestiones son ilegales.
Urge postura de la Corte Suprema de Justicia
Javier Balbuena, asesor jurídico y expresidente de Conajzar, observó que urge que las instituciones funcionen en tiempo y forma en el Paraguay. “La Contraloría General de la República y la Secretaría Nacional Anticorrupción ya se expidieron respecto de la Resolución N° 34/2020, además de que varios municipios se manifiestan en contra del atropello a ala autonomía municipal realizada por la propia Conajzar”, subrayó.
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Lamentó que la falta de acciones, e incluso desde el propio Poder Ejecutivo que mantiene en sus puestos a los responsables de la regulación de juegos de azar, derivan en un caos jurídico y un desastre regulatorio. Recordó que incluso la Asesoría Jurídica de Opaci (organización cuya legitimidad es cuestionada) dictamina sobre la ilegalidad de la citada decisión. “Por tanto y en vista al capricho institucional de la Conajzar es necesario que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se expedida sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por la Municipalidad de Asunción, ordenada por el entonces intendente de Óscar “Nenecho” Rodríguez.
Desde el Congreso Nacional surgió el cuestionamiento a la Conajzar, bajo la sospecha que se creó una estructura para la obtención de recursos ilícitos y lavar dinero, además de exponer a los niños y adolescentes a caer en la ludopatía, ya que se observa un nulo control del flujo de dinero y de protección a los menores de edad. Al respecto, fueron consultados los representantes de iCrop SA, pero no manifestaron postura para defenderse de estas acusaciones.
Además, gremios de juegos de azar cuestionaron la falta de atención de las autoridades de Conajzar e incluso tildaron a José Ortiz como responsable de una deplorable gestión “sin precedentes”, con estas decisiones relativas a las máquinas tragamonedas, la falta de apoyo a explotadores de juegos para que puedan trabajar de forma legal y la adjudicación de la quiniela a una empresa morosa, TDP SA.
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