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Por una amplia mayoría de 29 votos a favor, 13 en contra y tres ausentes, la Cámara de Senadores aprobó la modificación del artículo 142 del Código Penal sobre invasión de inmueble ajeno, elevando la actual pena de dos años de prisión o multa a 6 años de prisión al que individualmente o en concierto con otras personas ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno.
El otro numeral modificado señala que cuando la invasión se realizará con el objeto de instalarse en él u ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, la pena privativa de libertad será de hasta 10 años. Actualmente, la pena dispuesta es de 5 años.
Votaron a favor del proyecto la bancada de Patria Querida, todos los senadores colorados, la mayoría de los liberales y la bancada del Partido Hagamos. En contra, votaron la bancada del Frente Guasu, la bancada del Partido Democrático Progresista y cuatro senadores liberales.
Los senadores Fidel Zavala (PQ), Enrique Bacchetta (ANR), Enrique Riera (ANR) y Fernando Silva Facetti (PLRA) coincidieron en el argumento de defender la propiedad privada en nuestro país y combatir el “flagelo” de las invasiones de tierra. Igualmente, señalaron que estas invasiones se transformaron en un negocio para algunos “líderes” utilizando con engaños a la gente humilde.
Los argumentos en contra
Por su parte, en contra del proyecto se pronunciaron los senadores liberales Víctor Ríos, José Ledesma y Amado Florentín y los del Frente Guasu Hugo Richer, Esperanza Martínez, Carlos Filizzola, Jorge Querey y Fulgencio Rodríguez y del PDP Desirée Masi y Pedro Santacruz. Coincidieron en que la ley era una crimininalización de la lucha por la tierra.
Señalaron además que se buscaba llenar las cárceles con personas pobres y que esto solamente empeoraría la situación social del país afectada por la pobreza.
El senador liberal Víctor Ríos, presidente de la comisión de Legislación, argumentó contra la aprobación del proyecto, señalando que la iniciativa subvertía el orden y la lógica del Código Penal vigente en cuanto al bien jurídico a proteger. Indicó que nuestro Código Penal establece como los bienes jurídicos supremos la vida y la integridad física. Sin embargo, el proyecto establece penas superiores para quienes invaden tierras que las que dispone para el aborto, por ejemplo.
La misma postura manifestó Desirée Masi (PDP), quien dijo que la ley no soluciona el problema de fondo y que además subvierte el Código Penal en cuanto a la proporcionalidad.
El proyecto fue impulsado por la bancada de Patria Querida y los senadores colorados Enrique Bacchettta y Enrique Riera, el liberal Fernando Silva Facetti, además de Patrick Kemper, del Partido Hagamos. Ahora la propuesta se remitirá a la Cámara de Diputados para su estudio.