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El BCP se niega de forma sistemática a entregar una resolución a través de la cual habría permitido al acusado Ramón González Daher a percibir unos US$ 4 millones en el proceso de quiebra de la extinta Financiera Ára.
Tan reticente es la banca matriz a entregar información pública, que presentó una acción de inconstitucionalidad para no cumplir dos sentencias judiciales que ordenan la publicación de los documentos ya a finales del año pasado.
Finalmente, este jueves la máxima instancia judicial notificó que la Sala Constitucional sería ampliada al pleno de la Corte para resolver la acción de inconstitucionalidad de la banca matriz, en un caso considerado clave para el acceso a la información pública.
La Sala Constitucional ampliada que estudiará por el caso estará conformada por los ministros Antonio Fretes, César Diesel, Eugenio Jiménez Rolón, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, Alberto Martínez Simón; y los camaristas Juan Carlos Paredes y Mirtha Ozuna de Cazal.
Beneficiado por cartistas
Ramón González Daher, acusado por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y usura, habría sido beneficiado por una resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay en el marco del proceso de quiebra de Financiera Ára.
La resolución fue emitida bajo la presidencia de Carlos Fernández Valdovinos y durante el gobierno de Horacio Cartes.
Cartes encabezó el movimiento Honor Colorado del que formaba parte el condenado exsenador Óscar González Daher, hermano de Ramón. Fernández Valdovinos sigue siendo allegado al expresidente Cartes y es directivo de una de las empresas de su familia. Participó incluso en la reunión con el exjefe de Estado argentino Mauricio Macri.
Durante la administración de Fernández Valdovinos, el condenado Darío Messer, “hermano del alma” de Cartes, operó tranquilamente en el sistema bancario paraguayo.
González Daher tenía aproximadamente US$ 4 millones en Financiera Ára al momento de su quiebra. De acuerdo a algunas versiones, el Directorio del BCP le habría permitido cobrar esa misma suma, muy por encima del límite permitido por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Curiosamente, la postura de no entregar los documentos sigue incluso con la actual administración del BCP, a pesar de que la resolución fue tomada durante el gobierno de Cartes.
El argumento utilizado es que pesa el secreto bancario sobre los documentos, aunque este argumento cae, pues el mismo hace referencia al secreto de las actuaciones, no así a las decisiones que pueda tomar la banca matriz.
El caso podría sentar un nefasto precedente si la Corte decide que se imponga el secretismo, pues se estaría instaurando una figura que no existe: las actas secretas.