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La ley “De los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos” fue sancionada el pasado 16 de septiembre por el Congreso y está en manos del Ejecutivo su promulgación o veto.
El viceministro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, aseguró que con la promulgación de la ley no dejarán de operar los giros de las telefónicas. También afirmó que su aplicación no afectará el avance en la inclusión financiera.
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No obstante, reconoció que con la normativa vigente se requerirá de un “trámite adicional” que en la fecha no se prevé para la realización de una transacción simple. Este paso o gestión que se incluiría es la verificación de la identidad ante la apertura de billeteras electrónicas o en las operaciones financieras.
Igualmente, Mancuello resaltó que, en caso de ser promulgada la ley, habrá un período de adaptación, considerando que se deberá elaborar una reglamentación.
“No vamos a dejar de tener giros o transferencias. No vamos a dejar de avanzar en la inclusión financiera. Sí -reconozco- genera la necesidad de un trámite adicional que antes no estaba previsto”, sostuvo.
La ley, una herramienta moderna
El viceministro de Comercio y Servicio destacó que dicha ley es “una moderna herramienta digital” que -según afirmó- permitirá la inclusión digital, además de la financiera. En ese sentido, comentó que están trabajando para instalar en la cédula de identidad el sistema de “chips” para una identidad electrónica.
Resaltó que la normativa fue elaborada con base en marcos legales de países con seguridad financiera. “Tomamos lo mejor que había y la adecuamos”, declaró.
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Así también, Mancuello indicó que la controversia en cuanto a la normativa solo se da con un punto, referente al grado de seguridad para una transacción electrónica. El proyecto aprobado -y que podría ser promulgado- establece un nivel alto para los giros o transferencias.
Tras la sanción de la ley de identidad electrónica, desde la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay expresaron su desacuerdo y advirtieron que habrá exclusión financiera, en caso de promulgación por el Ejecutivo. En nuestro país se procesan unas 10,3 millones de transacciones de giros y pago vía móvil al mes.