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Líder Acosta, presidente del Gremio de Operadores de Máquinas Electrónicas de Entretenimientos y Juegos de Azar, días atrás acudió a la oficina de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Antonio Ortiz Báez, a requerir respuestas vinculadas a sus decisiones en la “regularización” de tragamonedas en el país. El sector lamentó los inconvenientes que reporta la prensa para acceder a informaciones que, conforme establece la Ley N° 5282 de Transparencia Gubernamental, son de libre acceso y la comisión está obligada a facilitar.
Acosta citó que lo requerido fue si se brindó toda la información solicitada por la periodista Gabriela González, si tomaron conocimiento del dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) que califica de ilegal la Resolución N° 34/2020 con la cual la Conajzar autoriza la “legalización” de tragamonedas en sitios no exclusivos de juegos de azar, tales como bares, bodegas, despensas y otros, a la empresa iCrop SA, representada por Ariel Peña Flores. También se consultó si se analizaron los citados dictámenes y si el contrato con iCrop es de alcance nacional y si sigue vigente.
La comitiva fue atendida por Rosana del Río, Livia Buzo, Óscar Carballo y María Galván, funcionarios de Conajzar. En el acta labrado por el escribano se señala que con relación a los expedientes de solicitud de información pública de Gabriela González (exp. N° 44.542), Galván respondió que “nosotros (el gremio) no deberíamos preguntar por actuaciones de otras personas”.
Con relación a los dictámenes (de CGR y Senac), indicó que se deben verificar y se encuentran a disposición de la Comisión. Con relación a la Resolución N° 34, respondieron que sí es de alcance nacional y que el contrato sigue vigente.
De esta manera, y con la presencia de un escribano, funcionarios de confianza de José Ortiz confirmaron que todavía no se tomaron medidas para corregir la resolución calificada de ilegal por la institución contralora del Poder Ejecutivo e incluso cuestionada por Anticorrupción.
Al respecto, Acosta indicó que el sector está disconforme con las respuestas obtenidas, ya que Conajzar pretende que si se requiere mas información se solicite vía nota, a pesar que la misma tiene que esta disponible en su página web. Por este motivo, miembros del gremio analizan otras medidas para presionar por la atención del Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez.
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Retroceso de la democracia
Lorena Rojas, representante de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) cuestionó que se mantenga vigente el contrato con iCrop pese a que “a todas luces” se evidenció que es ilegal. “La Conajzar está privatizada y sigue ocultando información que debería ser pública, con gestión transparente”, cuestionó.
Agregó que con todas las denuncias y dictámenes que se dieron a conocer, hoy se debería estar analizando las alternativas para que el Estado no se vea perjudicado al rescindir el contrato, “sin embargo, seguimos esperando que suceda magia. Es muy penosa la respuesta que da la Conajzar”, lamentó.
Añadió que el hecho de que no se cumpla con la ley de transparencia gubernamental y se deba recurrir a un escribano para obtener informes es un retroceso de la democracia.
Costos impropios que desvirtúan mandato de la ley
Federico Legal, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), cuestionó que el gremio deba asumir costos al contratar a un escribano para obtener la atención de Conajzar y desvirtúa el mandato de la información pública, que es gratuita.
Con relación a que al gremio no se le puede brindar información requerida por otra persona, Legal calificó de chicana jurídica. “Si la información es pública solo para el solicitante, debería resignificarse el adjetivo de público”, afirmó.
Agregó que la normativa establece de manera literal en el artículo 3 que “la información pública estará sometida a la publicidad…”, donde se debe prever una forma tal a “asegurar el más amplio y fácil acceso a los interesados”. “Ahora bien, cuando una persona pide información, es lógico y cae de maduro que la información sea entregada a quien la solicitó, lo cual no es óbice para que se haga accesible a todo público, explicó.
Por otro lado, el mismo Decreto N° 4064 que reglamenta la obligación menciona que debe ser accesible la información pública solicitada. “Si sólo se da a quien la pide, toda la lógica del derecho cae por el suelo”, sostuvo.