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Con la presentación de los incidentes del Ministerio Público, representado por los fiscales Luis Said, Karina Sánchez y Teresita Torres; y de las defensas de los cuatro acusados, prosiguió hoy el juicio oral y público por supuesta lesión de confianza en la construcción de aulas en 15 instituciones educativas de Lambaré, que según la acusación causó un perjuicio patrimonial de G. 853 millones al municipio de la ciudad.
Los abogados Pablo Villalba y David Florentín, en representación de Cárdenas, solicitaron la excusación de la jueza Yolanda Morel, del Tribunal Especializado en Delitos Económicos que debe juzgar la causa penal, que integran además las magistradas Yolanda Portillo (presidenta) y Elsa García.
“La Sala Penal fue la que resolvió el conflicto negativo de competencia y confirmó al Tribunal Especializado de Delitos Económicos. Uno de los miembros que firmaron ese Auto Interlocutorio es el ministro Manuel Ramírez Candia, quien tendría que haberse inhibido de entender, ya que una de las integrantes del tribunal es su esposa, la jueza Yolanda Morel”, explicó Villalba.
El defensor de Cárdenas agregó que, como el integrante de la máxima instancia judicial no se inhibió de entender en el conflicto de competencia lo que ahora corresponde es que la magistrada se aparte de juzgar la causa, y por ese motivo solicitó la excusación de la misma en la etapa incidental.
El Ministerio Público, al contestar el incidente planteado por la defensa, solicitó al Tribunal de Sentencia que rechace lo planteado, alegando que la única intención de la defensa es entorpecer el proceso penal. “La resolución de la Sala Penal de la Corte es una resolución administrativa que no hace al fondo de la cuestión”, fundamentó la fiscal Karina Sánchez.
Al respecto Villalba indicó que el Código Procesal Penal, en su artículo 50 numeral 1 es muy claro con respecto a las causales de excusación y que el Auto Interlocutorio firmado por el ministro Ramírez Candia confirmó al Tribunal de Sentencia que va a juzgar la causa que afronta su cliente, el exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas, y en consecuencia lo que corresponde es que la magistrada Morel se aparte del mismo.
El juicio oral continuará mañana (jueves 23), desde las 7:30. La Fiscalía debe contestar los incidentes planteados por las defensas y luego el Tribunal de Sentencia resolverá si hace o no lugar al planteamiento de las partes.
Cuarto juicio de Roberto Cárdenas
Además de Cárdenas, están acusados de lesión de confianza el exdirector de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Lambaré Guido Fernando Salcedo, el exjefe de Obras de la comuna Carlos María Mendieta Candia; y el representante de la empresa ADC Construcciones, Alejandrino Duarte Centurión, contratada para las obras en las instituciones educativas de la ciudad.
Esta es la cuarta causa que afronta Cárdenas y es una ampliación del proceso por el derrumbe de techo de una de las aulas del Colegio Nacional de Lambaré, hecho por el cual el exintendente fue condenado a 4 años de cárcel, por lesión de confianza, y en el que se probó un perjuicio patrimonial por G. 266.730.000, provenientes de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
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El Ministerio Público realizó pericias de arquitectura que detectaron deficiencias tanto en las edificaciones de las aulas como sobrefacturaciones, es decir, no se ejecutaron los montos reales que figuran en los convenios. Las obras fueron ejecutadas entre los años 2012 y 2013.
El fiscal Luis Said citó como ejemplo el caso del Colegio Santa Lucia, en el que según resaltó “no hace falta ser profesional arquitecto para darse cuenta de las deficiencias, principalmente en la parte del techo”. Señaló que el informe de la Contraloría General de la República confirma las irregularidades detectadas por el Ministerio Público.
Junto a Cárdenas fueron condenados también a 4 años de cárcel Guido Fernando Salcedo; y a dos años de cárcel, pero con suspensión a prueba de la ejecución de la condena fueron sentenciados Vicente Acosta Gibbons, director del Colegio Lambaré, y Francisco Javier Villalba Cantaluppi, quien aprobó por la comuna lambareña los planos referenciales de la obra.
Exiguas condenas en otras causas
El 23 de julio pasado, el exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas (2006-2015) fue condenado a solo dos años de prisión con suspensión de la ejecución de la pena, por el hecho punible de lesión de confianza. Fue por el desvío de G. 5.704 millones de los royalties que debían usar en la pavimentación de calles de la ciudad. La Fiscalía y la querella habían pedido ocho años de cárcel.
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En su segunda causa, el pasado 24 de agosto, el Tribunal de Sentencia de Luque, presidido por el juez Julio López e integrado por Fátima Rojas y Carolina Bernal, condenó por unanimidad a dos años de cárcel, con suspensión de la ejecución de la pena, a Roberto Cárdenas, por usurpación de funciones. La fiscalía probó que el exjefe comunal firmó un contrato de provisión de alimentos para meriendas escolares por más de G. 3.000 millones, ya sin ser intendente.