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En la sesión de ayer martes de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso el presidente de la Corte, César Manuel Diesel, expuso detalles del plan de gastos que asciende a más de G. 1,8 billones (US$ 263,4 millones al cambio vigente), lo que representa un incremento de G. 451.354 millones (US$ 65,6 millones), equivalente al 33%, con respecto al presupuesto vigente.
El titular de la máxima instancia judicial informó que tienen previsto crear 950 cargos, pero no mencionó ningún aumento salarial para los funcionarios dentro del proyecto de presupuesto 2022. Sin embargo, el pedido de suba salarial forma parte del informe que la Corte Suprema entregó a los parlamentarios y en el cual detalla el contenido del plan de gasto, pero aclara que la mejora en las remuneraciones no se incluye en el proyecto sino que se deja a criterio de los legisladores la aprobación del porcentaje para su inclusión.
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En una parte del informe que aborda “Reajuste Salarial de Magistrados y Funcionarios”, la Corte argumenta que ante los reclamos de los diferentes gremios de magistrados judiciales, actuarios judiciales, ujieres notificadores, funcionarios de apoyo jurisdiccional, registrales y administrativos, de acceder a un reajuste salarial, la Corte Suprema de Justicia acompaña el ajuste salarial del 4,5% sobre el salario básico (sueldo) del personal permanente de la institución. Añade que esa mejora salarial representa la suma de más de G. 35.201 millones, que incluye el aguinaldo.
Explica que el citado costo “no se incorpora dentro del Proyecto de Presupuesto 2022 elevado por la presente, quedando éste supeditado a la aprobación porcentual por parte del Poder Legislativo, sujeta a las políticas salariales de acuerdo las posibilidades económicas y financieras del Estado, si la Corte Suprema de Justicia considera pertinente presentar el pedido mencionado en el párrafo anterior, en la respectiva nota de presentación al Congreso Nacional”.
Pago de bonificaciones
El informe también menciona otros beneficios para el personal y, en ese sentido, señala que la Corte autoriza de forma trimestral conforme a la disponibilidad presupuestaria y financiera el pago en conceptos de bonificaciones por responsabilidad en el cargo, grado académico y antigüedad en la función, previéndose para el año 2022 la extensión de los casos vigentes a la fecha.
En ese grupo de gasto, por citar algunos, expresa que como parte de las medidas de racionalización desde 2019 no se autoriza el pago en concepto de “Subsidio Familiar por Escolaridad de Hijos hasta la finalización de la Educación Media, lo cual, se pretende reactivar en el año 2022, con un costo de G. 2.296.000.000”.
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Además, revela que siguen pagando bonificación por grado académico a 6.746 funcionarios: por título de grado G. 360.000 y postgrado G. 500.000, lo que representa un costo anual de G. 32.671 millones; también bonificación por antigüedad en la función, asignación adicional sobre la base de 10 años que el funcionario presta servicios: G. 350.000 y un reajuste a los 20 años de servicios: G. 500.000, que actualmente beneficia a 5.463 funcionarios con un costo anual de G. 28.579 millones.
En cuanto a los cargos a ser creados, dentro de los 950 que se propone para el próximo año se incluye 9 jefaturas de gabinete para las ministras y ministros de la Corte Suprema, que tendrá un costo de más de G. 1.567 millones.